Una promesa de la junta directiva del Congreso Nacional es poner en agenda la discusión de las reformas al Código Penal, tal como lo prometieron los diputados en la visita que hizo la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al Legislativo.

Pero desde la oposición dudan que se agende, porque aseguran que la junta directiva coloca las temáticas de acuerdo a sus intereses.

“Esa reforma al Código Penal ha estado guardada. La junta directiva es la que hace la agenda y si ellos no lo proponen, no se discute. Estamos sujetos a la voluntad e intereses de ellos y no del pueblo”, lamenta el diputado liberal, Marlon Lara.

Fátima Mena, congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH), dice que discutir esas reformas es urgente.

“Ese Código tiene falencias marcadas como la reducción de penas en la mayoría de los tipos penales y su discusión debe ser prioridad”, señala Mena.

Tomás Ramírez, jefe de bancada del PSH, comenta que han pedido que se discuta y aprueben las reformas, porque también es un requisito para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

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Que sea acompañada por operadores de justicia

Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, asegura que están claros que se deben revisar y llevar a cambio reformas en el Código Penal, pero que las mismas deben nacer de los operadores de justicia.

“Que se origine de los operadores de justicia; que sea el Ministerio Público, la defensa pública, los triibunales, el Colegio de Abogados (...) que son los que conocen a la perfección las novedades del Código Penal”, manifiesta.

Una vez que sean revisados estarían apoyando esas reformas.

“Como partido las vamos a apoyar y respaldar, pero la posición es que sea acompañada por los operadores de justicia, sino no acompañamos”, advierte.

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Derogación total

Pero desde el Partido Libertad y Refundación (Libre), el diputado Ramón Barrios dice que las conclusiones del informe entregado a la comisión de dictamen indican que debe hacerse una derogación total del Código Penal.

“Se encontró que lo que presentó la comisión de dictamen es un Código Penal y lo que aprobó el pleno es otra versión distinta, así como lo que se publicó en el diario oficial La Gaceta”, explicó Barrios.

Pese a esos hallazgos, Barrios dice que sugerirá algunas reformas en delitos contra la administración pública en casos de violación y contra la protesta social.