Las invasiones de tierras productivas en Honduras han causado la pérdida de unos 50 mil empleos, lo que ha impactado en al menos 387 millones de dólares en ingresos a los hondureños y un efecto de 1.5 mil millones de dólares en la reducción del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, según el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias del Sur (CCISur), Víctor Wilson.

"Gracias a las invasiones a la fecha el país estará reduciendo su PIB nacional para su futuro predecible en aproximadamente 1.5 billones de dólares, o más, de ahora en adelante en perpetuidad", dijo Wilson el domingo 14 de agosto en el foro 30/30 de TSi.

La pérdida de 387 millones de dólares en ingresos a hondureños se refleja suponiendo un salario medio de 12,500 lempiras mensuales, especificó el empresario.

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Wilson indicó que para crear un millón de empleos formales se necesitan al menos 55 mil millones de dólares, dinero con el que no cuenta Honduras y tampoco tiene capacidad para acceder a ese capital.

Según el representante de la CCISur, de los 50 mil empleos perdidos en el país por las invasiones, unos 42 mil han sido del rubro de la palma africana.

INA insta al diálogo

Por su lado, el subdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), Rafael Alegría, instó al sector privado a dialogar y crear un nuevo marco jurídico con el fin de que todos los hondureños tengan el mismo derecho de acceder a la tierra.

Según Alegría, la Ley de Reforma Agraria se derogó en Honduras "con justificación de las invasiones", mientras con la Ley de Modernización Agrícola que se aprobó para "generar desarrollo agrario y agrícola" lo que hubo fue compra ilegal de tierra y despojo a los campesinos hondureños.

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"Ese modelo de reconcentración de la tierra fracasó y la tierra quedó en manos de unos pocos", manifestó el funcionario.

Rafael Alegría insistió que "hay señores que tienen gran cantidad de tierra pero que son del Estado", por lo que "lo que no es de ellos lo tienen que aflojar".

De acuerdo con el funcionario del INA, hay unos 300 mil familias campesinas que no tienen tierra, pero los empresarios se oponen a vender parcelas al Estado para que este las otorgue a los desposeídos.

En respuesta, Víctor Wilson dijo que "ningún empresario se opondría a una redistribución de precios de tierras dependiendo de las circunstancias, pero sin conceder lo que es suyo con una pistola en la cabeza, sea la pistola de un invasor, del Ejército o de la Policía".

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