En medio de un rosario de denuncias por abusos policiales, la posibilidad de una decimo séptima ampliación del estado de excepción en Honduras está en el aire, aseguran expertos.

Para el vicepresidente del Congreso Nacional (CN) y precandidato presidencial por el oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, la capacidad de combate frente a la extorsión y el crimen organizado es parte de las cuentas por pagar.

"En cuanto a los delitos de extorsión y maras y pandillas sigue siendo una tarea pendiente, porque todavía la ciudadanía eleva su voz de reclamo porque no sienten la fuerza del Estado", dijo Tomé.

Seguidamente, agregó que la extorsión y la violencia representan la esencia del estado de excepción, aunque no se pueden desconocer los resultados para la disminución en la tasa de homicidios gracias a esta medida.

De su lado, el abogado penalista German Licona, aseguró que el Gobierno se dedicó más a vender las cifras sobre capturas sin importar el costo legal para llegar a las mismas.

"Al final siempre hay algunos -policías- que actúan al margen de la ley y eso creo que no va acorde a los procedimientos y normas que establece el sistema penal del país", apuntó.

Los testimonios sobre abusos policiales vienen por montones, desde allanamientos ilegales para implantar evidencia falsa, torturas y agresiones sexuales, como denuncia un amplio reportaje elaborado por periodistas en Centroamérica.

Estado de excepción en Honduras

La última ampliación del estado de excepción fue a inicios de octubre por un periodo de 45 días, es decir, tendría vigencia hasta el 16 de noviembre de 2024 en 226 de los 298 municipios del país.

El estado de excepción fue implementado como respuesta a la creciente violencia y delincuencia, en particular, frente a problemas como la extorsión, el sicariato y el secuestro.

Sin embargo, esta política ha enfrentado críticas severas por su impacto negativo en los derechos humanos y su falta de eficacia en la reducción de la criminalidad, aseguran analistas.

Organismos internacionales, incluido el Departamento de Estado de EE. UU. y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indican que se ha reportado abusos durante la vigencia de la medida.

Además, expertos y activistas locales advierten que la continuidad de estas políticas, sin un enfoque integral y preventivo, podría perpetuar los problemas de seguridad que se busca erradicar.