Las maras y pandillas ya son consideradas asociaciones terroristas en Honduras tras la publicación en el diario oficial La Gaceta del Decreto 84-2026, que reforma el Código Penal y endurece las penas por extorsión y crimen organizado.

La nueva normativa, aprobada por el Congreso Nacional y sancionada por el presidente Nasry Juan Asfura Zablah, entró en vigencia este 22 de mayo de 2026.

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Entre los cambios más relevantes está la reforma al artículo 587 del Código Penal, donde se establece que las maras y pandillas serán catalogadas como asociaciones terroristas cuando recurran a violencia sistemática, intimidación colectiva, control territorial o coerción para someter comunidades o sectores económicos.

La legislación también incluye dentro de esta figura a estructuras vinculadas al narcotráfico, secuestros y otras organizaciones criminales que busquen generar terror o presionar al Estado mediante actos violentos.

Penas por integrar grupos terroristas

Los directivos, promotores y financistas de estas asociaciones serán castigados con penas de entre 15 y 20 años de prisión, además de multas de 1,000 a 2,000 días.

Asimismo, los integrantes de la asociación terrorista enfrentarán condenas de 10 a 15 años de cárcel y multas de 500 a 1,000 días.

Extorsión tendrá penas de hasta 20 años

El decreto reforma el artículo 373 del Código Penal y aumenta las penas por extorsión de 15 a 20 años de cárcel, además de multas económicas.

La normativa establece que el delito se considerará consumado aunque no se concrete el pago exigido por los criminales. También responsabiliza a quienes participen en el cobro del dinero, incluyendo personas que reciban depósitos o transferencias vinculadas a la extorsión.

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En los casos donde la víctima fallezca como consecuencia de la extorsión, se impondrá prisión perpetua.

Diputados del Congreso Nacional durante la votación de reformas penales
El Congreso Nacional de Honduras aprobó el pasado 18 de mayo las reformas penales para calificar a maras y pandillas como terroristas y aumentar penas por delito de extorsión.

Las penas aumentarán un tercio cuando los delitos sean cometidos por estructuras criminales organizadas, funcionarios públicos, reincidentes o cuando se utilicen menores de edad para ejecutar actividades ilícitas.

Nuevas medidas contra el crimen organizado

La reforma también obliga a empresas telefónicas, bancos y plataformas financieras a entregar información a las autoridades durante investigaciones criminales.

Además, se crea la Agencia Nacional contra el Crimen, que coordinará acciones entre la DPI, Dipampco, ATIC, Fuerzas Armadas y otros entes de seguridad para combatir la extorsión y el crimen organizado.

El decreto también autoriza medidas especiales para fortalecer el sistema penitenciario y ampliar operativos de seguridad contra terrorismo, tráfico de armas y crimen organizado.

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