Honduras ha tenido ingresos de capitales presuntamente ilícitos, de operaciones sospechosas, equivalentes a los $3,300 millones.

Así lo confirma el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta cifra es equivalente a L80,850 millones al cambio de hoy.

También al 12.8% del producto interno bruto (PIB) hondureño de los últimos 21 años.

En los últimos cuatro años, según el método Hot money, ingresaron bajo operaciones sospechosas a la banca unos $1,100 millones (unos L26,950 millones).

Esa cifra equivale al 61% del total de entradas de capitales.

“Estimar o calcular los flujos financieros ilícitos no es fácil. Ese dinero no se cuantifica ni pasa por el sistema financiero", explica el economista Alejandro Kafati.

El método Hot money estima los flujos financieros ilícitos a través de la cuenta de errores y omisiones netas de las balanzas de pagos.

Estas las calculan los bancos centrales. En este caso el Banco Central de Honduras (BCH).

De interés: Denuncian creación de empresas de carga pesada para lavado de activos y narcotráfico

La incidencia de operaciones sospechosas hasta el año 2019 muestra a 51 municipios en 13 departamentos de Honduras con un nivel alto en la calificación de riesgo.

Todo por delitos precedentes al lavado de activos. Entre ellos, la asociación ilícita, decomiso de armas, homicidios y detenciones por narcotráfico.

Esto según el departamento de Análisis de la Unidad de InvestigacionesFinancieras de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Desde 2017 mayor movimiento

En los análisis que realizan economistas sobre el período del 2017 al 2021, es evidente el ingreso de la mayor cantidad de flujos financieros ilícitos al país.

Esto coincide con el segundo mandato presidencial de Juan Orlando Hernández, preso en Nueva York, acusado por vínculos del narcotráfico y uso ilegal de armas.

En dicho período se permitió que “desde las instituciones públicas se moviera el dinero del crimen organizado”, señaló Kafati.

Pero no solo a través de operaciones ilícitas puede darse esta situación. Muchas se generan en empresas familiares, las que representan el 25% de PIB.

Según la encuesta semestral de remesas familiares del BCH, es que en el 2022 el 14% de las personas encuestadas no saben o no respondió en qué utilizan esas remesas.

“Genera mucha incertidumbre y especulación si realmente las remesas dinamizan ,la economía o las utiliza el crimen organizado para blanquear capitales y hacer pagos de operaciones ilícitas”, dice uno de los agentes de la UIF.

The Economist afirma que los flujos financieros ilícitos se dan en mayor medida en los países que enfrentan mayor migración, urbanización e innovación tecnológica financiera.

GAFI señala deficiencias

Honduras ha tomado acciones en la institucionalidad. Una de ella es ser parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Este es el ente rector de las normas contra la lucha al lavado de activos y financiamiento contra el terrorismo en el mundo.

Estar en el GAFI permitió que el país hiciera diferentes reformas. Por ejemplo, en la ley de lavado de activos.

Además: MP ejecuta 'operación Coral' contra tráfico de drogas y lavado de activos en Atlántida

También se aprobó la ley de regulación de actividades profesionales no financieras designadas, como un marco regulatorio complementario para que la CNBS pudiera tener una mayor regulación de diferentes actividades financieras.

Se aprobó también la ley de privación de dominio como un instrumento jurídico adicional para combatir el lavado de activos.

Sin embargo, a pesar de esos avances, a Honduras lo califica el GAFI con deficiencias significativas para cumplir de manera técnica y efectiva con las recomendaciones.

Son 40 recomendaciones que debe cumplir Honduras y solo implementa 11 de las 40, pero según analistas hay avances significativos en las demás.

Mayor vigilancia

Delmer Argueta, analista financiero, dice que es necesario que se hagan reformasdesde la institucionalidad para fortalecer la UIF de la CNBS.

Esto para dar una mayor vigilancia al sistema financiero nacional y detectar operaciones sospechosas.

Además, Argueta dice que el país ha tenido grandes avances desde la primera ley de lavado de activos en 1997, luego mejoró con las reformas en 2002.

"La que está vigente desde el 2014 tiene un mejor enfoque, está basada en riesgo, tiene una visión más amplia e incorpora los delitos de defraudación fiscal y corrupción como delitos que generan el lavado de activos”, apunta el analista.

Pactos de impunidad bloquean avances

Tanto investigadores y analistas advierten que los pactos de impunidad que se generaron en el país están bloqueando los avances para combatir el delito de lavado de activos, porque hoy se tiene que probar el delito.

“Se tiene que demostrar el delito original para acusar por lavado de activos. Si no se comprueba de dónde se originan los recursos financieros o los bienes o activos que se poseen de forma ilegal, no se hace nada”, explica Argueta.

El mejor ejemplo de esto es el caso de los Pandoros 2, donde entre otros, se acusó a Oswaldo Ramos Soto y se sobreseyó.