Honduras aguarda con expectativa la decisión de Estados Unidos sobre el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños, actualmente en evaluación por la administración del presidente Donald Trump.
La fecha clave para esta resolución es el 4 de mayo, cuando el gobierno estadounidense deberá anunciar si extiende o no el beneficio para los miles de hondureños acogidos al programa, declaró este lunes el vicecanciller Antonio García en Noticieros Hoy Mismo de TSi.
"Nosotros estamos esperanzados y haciendo un lobby intenso (influencia) con Estados Unidos", expresó García, y señaló que una ampliación del TPS por parte del gobierno de Trump sería un gesto positivo para fortalecer las relaciones bilaterales.
Según el vicecanciller, Honduras ha abogado "silenciosamente" para que Estados Unidos considere la renovación de este beneficio migratorio. Mientras tanto, otros países como El Salvador y Venezuela ya han recibido extensiones, a diferencia de naciones como Nicaragua, Sudán del Sur y Nepal, que perdieron esa protección.
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"Estamos contando los días hasta el 4 de mayo con la esperanza de que el TPS sea renovado", insistió García.
Las autoridades hondureñas comprenden que la decisión final recae únicamente en el gobierno estadounidense, subrayó el funcionario.
Datos oficiales indican que al menos 44,000 hondureños están protegidos actualmente por el TPS, tras la última prórroga que lo extendió del 6 de enero de 2024 al 5 de julio de 2025.
Aprobación del TPS
El programa fue aprobado en 1998, durante el gobierno de George H. W. Bush, como apoyo a los migrantes centroamericanos afectados por el huracán Mitch.
En mayo de 2018, bajo la presidencia de Donald Trump, el TPS que desde 1999 protegía de la deportación a más de 44,000 hondureños fue cancelado, al igual que para migrantes de otras nacionalidades.
En ese momento, el Departamento de Seguridad Nacional informó que los beneficiarios del TPS dispondrían de 18 meses para regularizar su estatus migratorio o enfrentarían procesos de deportación.
No obstante, organizaciones de migrantes interpusieron demandas judiciales que resultaron favorables, lo que permitió nuevas extensiones. En el caso de Honduras, la protección sigue vigente hasta julio de 2025.
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