La Secretaría de Seguridad inició este lunes el proceso de certificación, evaluación de confianza y recolección de equipo de cerca de 780 agentes que formaban parte de la extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco), quienes podrían ser reasignados a la nueva División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas, adscrita a la Dirección Policial de Investigación (DPI).
El subcomisario Edgardo Barahona explicó en entrevista brindada a TN5 Matutino de Canal 5 que este proceso constituye el primer paso de la reconfiguración institucional tras la eliminación de la Dipampco, ordenada luego de los hechos ocurridos el pasado 21 de mayo en Corinto, Omoa, Cortés.
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En ese operativo, cinco agentes policiales perdieron la vida tras ser raptados y posteriormente atacados por integrantes de una estructura criminal, luego de ingresar a una vivienda donde supuestamente se ejecutarían capturas.
De acuerdo con un informe de una comisión interventora, se detectaron irregularidades en la planificación del procedimiento, incluyendo la falta de una orden judicial para el ingreso y ejecución del operativo.
Evaluaciones para integración de la División Antiextorsión
Barahona detalló que desde las 6:00 de la mañana se activó el proceso de evaluaciones, iniciando con pruebas toxicológicas al personal, además de la entrega de chalecos antibalas, indumentaria institucional y armamento que será verificado como parte del inventario oficial.

"Se está recolectando todo el equipo a nivel nacional para su revisión y trazabilidad, mientras iniciamos la certificación del personal", explicó el funcionario policial.
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El proceso incluye además pruebas poligráficas, evaluaciones socioeconómicas y exámenes psicológicos, con el objetivo de determinar la idoneidad de los agentes que podrían integrarse a la nueva unidad especializada contra la extorsión y estructuras criminales.

Según Barahona, el personal que no cumpla con los estándares establecidos será reasignado a otras dependencias de la Policía Nacional, garantizando que todos los funcionarios continúen en servicio activo bajo criterios de perfil y confianza institucional.
La creación de la nueva división responde también a las reformas recientes en materia de seguridad y legislación penal, que ahora tipifican como terroristas a estructuras criminales dedicadas a la extorsión y al crimen organizado, lo que exige —según las autoridades— unidades altamente certificadas y con mayor control interno.
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