Una respuesta institucional en menos de 24 horas, una entrevista única para evitar la revictimización y sanciones por negligencia son algunos de los principales alcances de la Ley Contra el Abuso Sexual Infantil (Ley CASI), iniciativa que fue presentada el lunes 24 de agosto ante el Congreso Nacional.
El proyecto fue analizado este martes en el programa Frente a Frente, donde participaron Alejandra Vallecillo, diputada del Partido Liberal y presidenta de la Comisión de Familia del Congreso Nacional; Diana Medina, exfiscal de la Niñez y experta en abuso sexual infantil; y Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la ASJ.
La iniciativa busca establecer un marco de protección institucional coordinado a nivel nacional para prevenir los abusos sexuales contra menores, agilizar la atención de las denuncias y garantizar asistencia médica y psicológica a las víctimas.
Respuesta en menos de 24 horas
Uno de los principales objetivos planteados por la ley es que, cuando se reciba una denuncia de abuso sexual contra un menor, las instituciones responsables puedan activar una respuesta en menos de 24 horas.
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La propuesta contempla que el Ministerio Público o cualquier funcionario que reciba una denuncia tenga la obligación de actuar de manera inmediata y activar los mecanismos correspondientes de protección.
Para Diana Medina, uno de los cambios fundamentales sería establecer consecuencias cuando las instituciones no respondan de manera adecuada.
"Omisiones injustificadas, negligencia tienen aparejadas sanciones. Es decir, si me llega la denuncia y yo no reacciono de manera ágil en respuesta, hay sanciones aparejadas. Es necesario que la negligencia institucional se sancione", explicó.
Una sola entrevista para evitar la revictimización
Otro de los puntos destacados de la Ley CASI es la implementación de una entrevista única para los menores víctimas de abuso sexual.
La finalidad es evitar que los niños y adolescentes tengan que repetir su testimonio ante diferentes instituciones o funcionarios, situación que puede generar una nueva afectación emocional.
La propuesta busca, además, que las víctimas reciban atención personalizada y acompañamiento médico y psicológico durante el proceso.
La prevención también alcanzaría a escuelas y establecimientos
La iniciativa no se limitaría a reaccionar después de que ocurra una agresión. También plantea la creación de entornos protectores para los menores en espacios donde reciben atención o participan en actividades.
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Medina explicó que establecimientos como una escuela de natación, por ejemplo, tendrían que cumplir determinados lineamientos para obtener su permiso de operación.
Entre las medidas estaría la obligación de verificar a las personas que serán contratadas, establecer protocolos para actuar ante una sospecha o denuncia de violencia contra un menor y reportar los casos a las autoridades correspondientes.
El incumplimiento de estas obligaciones podría generar sanciones e incluso la cancelación del permiso de operación.
'Los niños no mienten sobre eso'
Durante el análisis de la iniciativa, Medina también hizo énfasis en la importancia de prestar atención a las señales que puedan revelar que un niño está siendo víctima de violencia.
"Los niños no mienten sobre eso. Solo existen dos razones por las cuales un niño o una niña habla de violencia: o lo está viendo o lo está viviendo y en los dos casos debe de reaccionar y ¿cómo se reacciona? Creyéndoles", afirmó.
La especialista sostuvo que escuchar y creer en los menores es un elemento fundamental para activar los mecanismos de protección y evitar que las denuncias sean ignoradas.
Protección frente a los riesgos digitales
La Ley CASI también plantea medidas relacionadas con la protección de niños y adolescentes en entornos digitales.
La propuesta contempla una estrategia para promover espacios digitales seguros, aunque su aplicación requeriría la participación de padres, responsables de menores y mecanismos de regulación.
El objetivo es que la protección no se limite a los espacios físicos donde interactúan los menores, sino que también considere los riesgos a los que pueden estar expuestos mediante internet y las plataformas digitales.
Con la iniciativa, sus impulsores buscan establecer una respuesta coordinada entre las instituciones y fortalecer la prevención, atención y sanción de casos de abuso sexual infantil en Honduras.
El proyecto deberá ahora avanzar en el Congreso Nacional, donde la Comisión de Familia tendrá la responsabilidad de analizarlo y elaborar el dictamen correspondiente.
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