En la "Ley para la protección de los usuarios de las telecomunicaciones", que ya ha pasado dos de tres debates para su aprobación en el Congreso Nacional, no se menciona la obligación de obtener una orden judicial para que los operadores entreguen registros a las autoridades.

"Si se cierran en el tema de que tiene que quedar así, porque tiene que ser expedito, entonces vamos a ver que va implícita otra intención: dejarlo abierto para que se pueda hacer cualquier cosa", explicó el jurista en el foro Frente a Frente de Canal 5.

El experto recalca que, al tratarse de una intervención, el proyecto de ley debe establecer la salvaguarda constitucional de la garantía de la jurisdiccionalidad mediante una orden judicial.

En relación con esto, el artículo 23 de la iniciativa determina que los operadores y suboperadores de telecomunicaciones deben entregar los registros solicitados por la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público o el Poder Judicial en menos de 24 horas. Es necesario proporcionar diversos registros, como llamadas telefónicas, videollamadas, mensajes de voz, mensajes de texto y registros de ocupación de direcciones IP, entre otros.

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Acciones estarán acompañadas de denuncia y orden judicial

El director de la Policía Nacional, general Juan Manuel Aguilar, defendió lo dispuesto en la iniciativa al asegurar que toda acción dentro de su marco legal se llevará a cabo con una denuncia previa y una orden judicial, de lo contrario, constituiría un delito.

"No se va a prestar la Policía Nacional a la comisión de un hecho criminoso por tratar de solventar una situación de un hecho punible", explicó.

"Sobre la denuncia de un hecho criminoso es que vamos a actuar, no vamos a intervenir las llamadas de nadie (…) la gente cree que se va a violentar las comunicaciones, y eso solo es con arreglo a derecho, con orden judicial", agregó.

Aguilar enfatizó que no se solicitarán a los operadores los contenidos de las comunicaciones, como textos o videos, sino únicamente datos técnicos de la transacción realizada entre dispositivos.

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Personalidades del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) y autoridades de la Secretaría de Seguridad han reiterado que esta ley busca combatir delitos como la extorsión y sus delitos relacionados. Se espera que el tercer y último debate de la iniciativa para su aprobación se lleve a cabo esta semana.

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