La exprocuradora General de la República, Lidia Estela Cardona, se presentó voluntariamente este viernes ante los tribunales de Tegucigalpa para enfrentar el proceso judicial que se sigue en su contra por presunto fraude.
La comparecencia de Cardona se da en el marco de un caso que también involucra al diputado nacionalista Nelson Márquez y otros imputados, todos señalados por actos relacionados con corrupción y manejo irregular de recursos públicos.
Según información oficial del Poder Judicial, tras la conclusión de la audiencia de declaración de imputado, el juez encargado determinó imponer medidas cautelares distintas a la detención judicial a favor de la exprocuradora.
Esto implica que Cardona podrá enfrentar el proceso en libertad, cumpliendo con las condiciones que disponga la autoridad judicial, como presentaciones periódicas ante tribunales y restricciones específicas de movilidad si así se establece.
El juez conocedor de la causa también dictó las mismas medidas a Héctor Isaac Alvarado Mejía, acusado por el Ministerio Público (MP) por uso de documentos privados falsos.
La audiencia inicial del proceso judicial quedó programada para el 26 de agosto a las 9:00 a.m., momento en el cual se desarrollarán las primeras etapas formales del juicio, incluyendo la presentación de pruebas y las intervenciones de las partes acusadoras y defensores.
Presunto caso de fraude
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), con apoyo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, presentó el martes 29 de julio un requerimiento fiscal contra exfuncionarios, jueces y abogados que, según las investigaciones, "se coludieron para saquear" al Estado durante más de dos décadas.
Entre los acusados por fraude figuran la exprocuradora general Lidia Estela Cardona; el subjefe de bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez; la excoordinadora del Gobierno Martha Doblado; la exdirectora legal de SEDECOAS Eva Vásquez; el apoderado legal de NAINSA Juan Fernando Madrid; el representante legal de DRC Inc. Murray Paul Farmer; y el abogado Caronte Rojas Zavala, miembro del tribunal arbitral en representación del Colegio de Abogados.
También fueron acusados los jueces Irissabel Lucía Miranda Hernández y Raymundo Esaú Gradiz Vilorio por prevaricato judicial; el exfuncionario de la Procuraduría General Héctor Alvarado Mejía por uso de documento falso; y el receptor judicial Rafael Eduardo Chávez Aguilar por falsificación de documentos.
Un fraude que se originó tras el huracán Mitch
La red comenzó a operar en el año 2000, tras la emergencia provocada por el huracán Mitch, cuando el Estado adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., empresa no habilitada para operar en Honduras, por lo que subcontrató de forma irregular a NAINSA.
Según la Fiscalía, en 2001 el cooperante internacional que financiaba el proyecto canceló la ayuda debido a inconsistencias en el contrato. Años después, ambas empresas presentaron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral sin validez, nunca homologado por la Corte Suprema de Justicia.
Para sostener su estrategia, DRC Inc. y NAINSA firmaron un acuerdo confidencial en el que se comprometieron a no demandarse entre sí y simularon ser entidades independientes, aunque su actuar era coordinado con un solo fin: defraudar al Estado hondureño.
La red utilizó procesos arbitrales cargados de irregularidades, incluyendo escritos falsos; aplicación de un reglamento no publicado en La Gaceta para instaurar un arbitraje favorable; presidido por uno de los imputados, que concluyó con una condena millonaria contra el Estado hondureño.
Reiteración de demandas sobre la base de un laudo anulado
Aunque el laudo fue declarado nulo por resoluciones judiciales firmes en 2009 y 2013, NAINSA interpuso una nueva demanda en 2019 con base en ese mismo documento sin validez. La jueza Irissabel Miranda Hernández admitió nuevamente la demanda, reactivando un proceso legalmente concluido.
En enero de 2020, como parte del esquema fraudulento, Nelson Márquez —entonces secretario de SEDECOAS— remitió a la Procuraduría General un informe legal recomendando firmar un Acuerdo Ejecutivo para evitar una “erogación mayor”, pese a saber que el laudo no tenía validez jurídica.
Un mes después, SEDECOAS y NAINSA firmaron un convenio extrajudicial mediante el cual se pactaron pagos millonarios, al margen de los procesos judiciales. Sin embargo, Márquez incumplió lo acordado, a pesar de que los presupuestos de 2020 y 2021 incluían partidas para cubrir la deuda.
Este incumplimiento derivó en una nueva demanda de ejecución forzosa, nuevamente admitida por la jueza Miranda. En 2022, el juez Gradiz Vilorio admitió otra demanda millonaria, pese a conocer la nulidad previa del laudo.
La investigación de la Uferco revela que los acusados "se beneficiaron directamente del dinero" obtenido a través de estas demandas irregulares. Parte de los fondos fue depositada en cuentas personales de los implicados y de familiares de altos funcionarios.
También se identificaron pagos de hipotecas y transferencias bancarias a personas sin vínculo legal con el caso, sin ninguna responsabilidad legal sobre los hechos.
