Más de 3,700 mujeres murieron de forma violenta en Honduras durante los últimos diez años, mientras persisten los desafíos en materia de prevención, investigación criminal y acceso a la justicia.

La cifra fue confirmada este lunes por la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, durante un foro organizado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), en el marco del décimo aniversario de la Comisión Interinstitucional de seguimiento a las investigaciones de muertes violentas de mujeres y femicidios.

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Ayestas detalló que entre 2016 y 2025 se contabilizaron 3,733 víctimas de muertes violentas de mujeres y femicidios. Además, indicó que desde 2005 el registro asciende a 8,034 víctimas.

La directora del Observatorio señaló que alrededor del 60% de las mujeres asesinadas tienen entre 15 y 39 años.

San Pedro Sula y el Distrito Central figuran entre los municipios con mayor incidencia, seguidos de Choloma. También mencionó a Juticalpa y Catacamas entre las localidades donde se reportan estos hechos.

Según Ayestas, estos hechos ocurren tanto en zonas urbanas como rurales, principalmente en viviendas y en la vía pública.

Muertes violentas de mujeres en 2026

En lo que va de 2026, el OV- UNAH registra 198 muertes violentas de mujeres y femicidios, además de 17 casos bajo investigación por causa desconocida.

"Son entre 215 y 217 las muertes violentas de mujeres que tienen que ver con causas externas", señaló.

Impunidad y prevención

Durante el encuentro, denominado "Diálogo sobre Transparencia e Integridad para Prevenir la Violencia contra las Mujeres en Honduras", el Conadeh advirtió sobre los niveles alarmantes de violencia y la impunidad en el sistema de justicia.

Ayestas señaló que entre el 95% y el 97% de los casos permanecen en la impunidad y consideró necesario fortalecer la investigación criminal y la prevención desde la niñez.

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Por su parte, la gerente de defensoría del derecho del Conadeh, María José Gálvez, informó que entre 2016 y 2025 la institución recibió 15,858 quejas relacionadas con vulneraciones a los derechos a la vida, integridad personal y acceso a la justicia.

Gálvez explicó que la violencia puede estar precedida de amenazas, agresiones, denuncias y desplazamientos, señales de riesgo que requieren atención oportuna de las autoridades.

Avances y retos en investigación de estos casos

Por su parte, Jehimy Yaquelin Colindres, coordinadora institucional del Ministerio Público, destacó que durante la última década se avanzó en la institucionalización de investigaciones especializadas, con dependencias como la ATIC y la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida.

Sin embargo, señaló que persiste el desafío de garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde las primeras diligencias con perspectiva de género, considerando posibles antecedentes de violencia y realizando análisis de contexto, además de fortalecer la coordinación entre fiscales, investigadores y Medicina Forense.

Mientras tanto, el jefe de Operaciones de la Dirección Policial de Investigación (DPI), comisario Arnold Cantarero, reconoció los desafíos que enfrenta la investigación y destacó la creación de la Comisión Interinstitucional para dar seguimiento a estos casos.

Cantarero indicó que uno de los objetivos es reducir la mora investigativa mediante expedientes documentados técnica y científicamente para presentarlos ante la Fiscalía.

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