En marco de la celebración del Día del Niño Hondureño, el foro televisivo Frente a Frente de este jueves 10 de septiembre de 2026 abordó la dramática y compleja situación que atraviesa la infancia en el país.
El programa reunió a un panel especializado compuesto por Marjorie Echenique,directora Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad IUDPAS - UNAH; y Gonzalo Toro, director de Protección Especial de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).
También Cándida Maradiaga, coordinadora de la Defensoría de Niñez del Conadeh (Comisionado Nacional de los Derechos Humanos) y Nora Urbina, exfiscal de la Niñez del Ministerio Público.
El debate central giró en torno a una dolorosa paradoja: a pesar de que Honduras cuenta con más de 30 leyes, normativas aprobadas y mecanismos de articulación institucional como el Sigadena (Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras), miles de niños y niñas siguen siendo víctimas de reclutamiento forzado por maras y pandillas, abusos sexuales, embarazo infantil, trabajo de calle y abandono provocado por la migración de sus padres.

Un diagnóstico desgarrador entre normativas aprobadas y el abandono financiero
Durante el programa se expuso que el gobierno actual cuenta por primera vez con una política pública de niñez formalmente aprobada y consensuada con la cooperación internacional y organizaciones sociales.
Sin embargo, la abogada Cándida Maradiaga fue contundente al cuestionar por qué las condiciones normativas no se traducen en mejoras reales para la vida de los menores.
"Honduras cuenta con mucha legislación, con más de 30 leyes... Entre leyes, políticas públicas y mecanismos de articulación. ¿Qué es lo que se necesita? Voluntad política para que haya un presupuesto robustecido para la Senaf, que como secretaría está con el presupuesto que tenía de una dirección", denunció la abogada Maradiaga.
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Para la especialista, la falta de asignación presupuestaria adecuada impide que la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia brinde una respuesta eficiente en los territorios más vulnerables del país.
Maradiaga enfatizó que la crisis de la niñez no se resuelve únicamente con discursos ni con la creación de instituciones, sino garantizando la presencia de programas sociales en las comunidades desfavorecidas para proteger a los niños amenazados por las maras o retirados de las escuelas.
Asimismo, remarcó que la prevención debe ser el eje transversal de las instituciones del Estado antes de que ocurran los hechos trágicos:
"¿Qué estamos viendo ahora? Contando niñas que han sido abusadas, violadas, embarazadas, en situación de calle, de trabajo infantil, pero no prevenimos que esto llegue a estos extremos", advirtió Maradiaga, insistiendo en que instituciones como Sedesol, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación deben coordinar acciones concretas.
Las amargas lecciones del pasado
La exfiscal de la niñez, Nora Urbina, aportó una mirada histórica y profundamente crítica sobre las transformaciones institucionales que ha sufrido la rectoría de la niñez en Honduras, recordando el paso de la Junta de Bienestar Social al Ihnfa (Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia), luego a la Dinaf (Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia) y actualmente a la Senaf.
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Urbina reveló cómo el antiguo modelo estatal del Ihnfa fracasó al convertirse en una estructura burocrática ineficiente donde el interés superior del niño fue completamente desplazado.
Asimismo, la exfiscal recordó que bajo la administración directa de centros por parte del Estado se registraron graves violaciones a los derechos humanos y abusos sexuales, lo que motivó demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El entorno familiar roto y el rol protector que debe asumir la escuela
Hacia el cierre del programa, los panelistas analizaron las causas profundas de la desintegración familiar en Honduras, marcada por hogares disfuncionales, niños criados por abuelos y padres obligados a emigrar.
Se concluyó que cuando el entorno familiar falla o no logra brindar la protección básica, el Código de la Niñez obliga al Estado a intervenir de forma inmediata mediante programas de auxilio directo.
En este escenario, la escuela debe convertirse en el principal refugio y espacio seguro para identificar factores de riesgo y prevenir que los menores caigan en manos del crimen organizado o la explotación.
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