"Será también esta una estrategia de la clase política hondureña no conformar el Tribunal Superior de Cuentas para que puedan prescribir todas estas acciones que están pendientes. Sería lamentable y nefasto que pudiera suceder esto, porque estaríamos a las puertas de un nuevo pacto de impunidad", dijo Madrid.
De seguirse dilatando la elección del tercer magistrado, en el TSC advierten que varios casos sometidos a su jurisdicción pueden prescribir, al estar próximo el fin de los casos para fiscalizar e investigar.
"Al no existir la conformación de un ente colegiado como es el pleno de magistrados, se podría correr el peligro de que no se emitan las resoluciones y que algunos casos puedan prescribir", indicó Rodolfo Isaula, portavoz del TSC.
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También, hay quienes no descartan que se trate de una estrategia política, cuyo trasfondo sea que prescriban varios expedientes relacionados al mal manejo del Fondo Departamental, que incluso la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) investigó y judicializó en años anteriores.
"Los casos del Fondo Departamental y de la Maccih que a futuro conocería la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) ya no tendrían vigencia, porque habría una prescripción de términos", indicó el abogado penalista, German Licona.
De prestarse la élite política a esta jugada, la llegada de la CICIH al país estaría más lejos que nunca, señalaron los entrevistados por el noticiero TN5 Estelar de Canal 5.
Vacancia en el TSC
El pleno de magistrados es la máxima autoridad del TSC y desde el pasado 16 de febrero, cuando Roy Pineda fue elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia, está incompleto.
El pasado viernes, los dos magistrados restantes, Juan José Pineda y Ricardo Rodríguez, urgieron al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, agilizar el nombramiento del tercer magistrado.
Para elegir al relevo de Roy Pineda se requieren, como mínimo, 65 votos de diputados y diputadas del Congreso Nacional.
No obstante, desde el Legislativo generan la impresión de que están esperando a que las actuales autoridades terminen su período constitucional el próximo 6 de diciembre y que se elija oficialmente al pleno que ejercerá entre 2023 y 2030.
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