Los funcionarios que favorezcan a estructuras criminales en Honduras también enfrentarán consecuencias penales y podrían terminar recluidos en el régimen penitenciario especial, advirtió Rigoberto Oseguera Mass, director de la Policía Nacional.
El jefe policial lanzó la advertencia al referirse a los operadores de justicia que, desde sus cargos, respalden a integrantes de organizaciones dedicadas a la extorsión, el narcotráfico, los asesinatos, el desplazamiento forzado y la trata y el tráfico de personas.
"El que comete delito va a tener graves problemas, por ejemplo, en el circuito de operadores de justicia el que favorezca a un grupo de estos fácilmente va a formar parte en ese régimen penitenciario", manifestó Oseguera Mass en el programa 30/30 de TSi.
El funcionario agregó que quienes colaboren con estas estructuras no serán considerados únicamente como personas que prestan ayuda, sino que también podrían ser señalados como integrantes de las organizaciones delictivas.
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"Si un funcionario colabora con un grupo delictivo que extorsiona, que está metido en narcotráfico, que asesina, que desplaza y que comete tráfico y trata de personas va a ir a parar a la cárcel también porque la norma ya lo colocan primero como colaborador y segundo como parte de la membresía", expresó.
¿Quiénes están bajo advertencia?
La advertencia alcanza al circuito de operadores de justicia, entre ellos policías, fiscales, jueces, en caso de que se compruebe su participación o colaboración con estructuras criminales.
El 11 de octubre, Cristian Nolasco, jefe de operaciones de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), también advirtió que las investigaciones podrían derivar en capturas de funcionarios vinculados con estas organizaciones.
En esa ocasión, aseguró que policías, fiscales, jueces y abogados defensores podrían enfrentar procesos por asociación terrorista, con penas de entre 15 y 20 años de prisión.
Un régimen penitenciario especial
Estas advertencias se producen después de que las autoridades declararan organizaciones terroristas a la pandilla Barrio 18, la MS-13 y el Cártel del Diablo.
Tras la declaratoria, el Congreso Nacional aprobó en octubre reformas penales que contemplan un régimen especial de reclusión para las personas señaladas como integrantes de estas estructuras.
Entre las medidas aprobadas figuran los allanamientos sin autorización judicial previa en determinados supuestos; y la ampliación de 24 a 48 horas del plazo para presentar el requerimiento fiscal después de una captura en casos específicos.
Las reformas también contemplan incorporar tatuajes y símbolos asociados a estructuras criminales como elementos probatorios en las investigaciones, así como restringir beneficios penitenciarios, entre ellos la libertad condicional y la preliberación para condenados por determinados delitos graves.
Además, establecen un régimen penitenciario especial que incluye aislamiento individual, restricciones de visitas y comunicaciones, vigilancia permanente y condiciones de máxima seguridad para las personas sometidas a estas disposiciones.
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