El comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), Ramiro Muñoz, expresó su incredulidad ante un informe que afirma que al menos 90 reos han fallecido en las cárceles de Honduras entre 2023 y junio de 2024, al argumentar que el país no es comparable con Ucrania.
"¿De dónde van a salir 90 muertos, por Dios Santo, si aquí no es Ucrania, tenemos que ser conscientes", declaró Muñoz al ser consultado por periodistas sobre el informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y su llamado para esclarecer las causas de los decesos.
El Conadeh afirmó en un comunicado que los estándares internacionales de derechos humanos establecen que toda muerte bajo custodia del Estado "debe ser investigada de forma pronta, exhaustiva, imparcial, independientemente de la causa".
Además, subrayó la importancia de "deducir responsabilidades" a las autoridades encargadas de los centros de detención, custodia o internamiento donde se han registrado muertes de reclusos.
Muerte de privados de libertad
El organismo estatal menciona, entre otros casos, el asesinato de 46 mujeres el 20 de junio de 2023 en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), ubicado en la aldea de Támara, aproximadamente a 20 kilómetros al norte de Tegucigalpa, la capital hondureña.
Tras el fallecimiento de las reclusas, el Gobierno de Honduras ordenó que la Policía Militar tomara el control de las 25 cárceles del país, donde se encuentran al menos 21 mil personas privadas de libertad.
La muerte de las 46 mujeres en el Cefas, 23 de ellas por arma de fuego o arma blanca, y las 23 restantes a causa de un incendio, es atribuida por las autoridades a un enfrentamiento entre dos bandas criminales: la pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13).
Aunque el comandante Ramiro Muñoz asegura que tienen el control de los centros penales, reconoce que "faltan muchas cosas por hacer".
Con la intervención de la Policía Militar, según Muñoz, se han evitado situaciones que ocurrían en el pasado, como reyertas y enfrentamientos a balazos entre los reclusos.
"Muchas de esas cosas ya no existen", afirmó Muñoz recientemente, luego de que se reportara la muerte por ahorcamiento de un miembro de la MS-13 en la cárcel de máxima seguridad "El Pozo" de Ilama, Santa Bárbara, al occidente de Honduras.
El fallecido, identificado como Erick David Macías, había sido condenado por la muerte de cuatro jóvenes, incluido Said Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), en julio de 2022 en Tegucigalpa.
