La Policía Nacional de Honduras buscará nuevas reformas legales para fortalecer el control del Estado en el combate a la violencia y establecer mecanismos de supervisión interna que permitan prevenir y erradicar la corrupción dentro de la institución, anunció el director de la entidad, Rigoberto Oseguera Mass.
El jerarca policial adelantó que, en un próximo paquete de reformas que presentarán ante el Congreso Nacional, solicitarán que la institucionalidad tenga de manera exclusiva el control del combate a la violencia, además de fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre el comportamiento de los agentes.
"El Estado no puede ser un Estado débil ante las afectaciones de la criminalidad. Debe ser un Estado democrático, fuerte, que controla sus territorios, que tiene el monopolio de la violencia y que tiene el monopolio de la represión, eso solo lo puede tener el Estado", expresó Oseguera Mass.
La propuesta también apunta a reforzar los controles internos para evitar que miembros de la Policía se involucren en actividades delictivas y comprometan las operaciones contra las estructuras criminales.
El objetivo es que los actos de corrupción de agentes que utilizan uniforme y armas de reglamento no debiliten la respuesta de las autoridades frente a la delincuencia.
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Para ello, la institución plantea impulsar un sistema de control y supervisión que permita vigilar el desempeño de sus integrantes y fortalecer los procesos de depuración policial.
Reformas contra el crimen organizado
El anuncio se produce después de que el Congreso Nacional aprobara una serie de reformas orientadas a endurecer las medidas contra las organizaciones criminales.
En septiembre, el Legislativo reformó la Ley del Instituto Nacional Penitenciario para establecer medidas de reclusión más estrictas contra integrantes de grupos declarados terroristas, entre ellos la MS-13, Barrio 18 y el Cártel del Diablo.
Posteriormente, en octubre, aprobó la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas.
Entre las disposiciones figura el aumento de las penas por terrorismo hasta 40 años de prisión y la posibilidad de imponer cadena perpetua a los cabecillas de estas organizaciones y a quienes recluten menores de edad.
La normativa también restringe beneficios penitenciarios, amplía de 24 a 48 horas el plazo para presentar requerimientos fiscales después de una detención y contempla allanamientos sin orden judicial en el marco de operaciones interinstitucionales.
Con las nuevas propuestas, la Policía busca ampliar las herramientas legales del Estado contra la criminalidad y fortalecer la vigilancia sobre sus propios miembros.
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