La Policía puede capturar a los integrantes de una banda, pero una investigación deficiente, un fiscal sin preparación o una cárcel sin controles pueden comprometer los resultados de la ofensiva. Esas son algunas de las grietas que amenazan las nuevas medidas de seguridad en Honduras.
Las reformas procesales penales y el endurecimiento de las acciones contra las estructuras delictivas colocan bajo examen a policías, fiscales, jueces y autoridades penitenciarias.
Los analistas Kenneth Madrid y Marco Tinoco advierten que la estrategia necesita depuración institucional.
Además de investigaciones sólidas y controles contra la corrupción para evitar que las organizaciones criminales encuentren espacios para continuar operando.
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Seguridad en Honduras: dos eslabones que siguen pendientes
Kenneth Madrid explicó a tunota.com que las nuevas medidas muestran una política de mayor dureza contra las estructuras delictivas, mediante reformas procesales penales.
Sin embargo, identificó dos desafíos pendientes: transformar el sistema penitenciario y fortalecer a los operadores de justicia.
"Faltan dos eslabones sueltos, uno que el sistema penitenciario cambie su forma de gestionar a lo interno porque de nada serviría una policía élite si al final siguen haciendo las cosas de la misma manera", advirtió.
Madrid insistió en incorporar tecnología para impedir que desde los centros penitenciarios se coordinen actividades delictivas.
Además, planteó modificar los mecanismos de administración y vigilancia dentro de las cárceles, donde las autoridades deben impedir que los cabecillas conserven privilegios.
El analista Marco Tinoco coincidió en la necesidad de mejorar las condiciones penitenciarias y reforzar los controles sobre las personas privadas de libertad.
Fiscales y jueces también deben pasar por el filtro
Para Madrid, el otro desafío está en las instituciones encargadas de investigar, acusar y resolver los procesos judiciales.
"Ese es el reto de esta política de mano dura, necesitamos que se dé una evaluación de todos los operadores de justicia y que se certifiquen al menos los que hacen investigación", señaló.
Su propuesta incluye evaluar al personal del Poder Judicial y establecer procesos de certificación que permitan determinar quiénes cumplen los requisitos para continuar desempeñando sus funciones.
"El Poder Judicial debe evaluar también todo el personal, es certificar y el que no lo logre hay que separarlo del sistema", manifestó.
Asimismo, consideró fundamental que estos procedimientos estén libres de interferencias políticas y respondan a criterios técnicos.
Por su parte, Tinoco recordó que cada institución tiene una responsabilidad específica: la Policía realiza las capturas, los fiscales investigan y presentan las acusaciones, mientras los jueces resuelven conforme a la ley.
Depuración policial: cerrar el paso a la infiltración
La seguridad en Honduras también enfrenta el desafío de impedir que las organizaciones delictivas infiltren las instituciones encargadas de perseguirlas.
Tinoco planteó evaluar al personal policial, aumentar los efectivos disponibles para ejercer control territorial y fortalecer los equipos de investigación criminal.
En esa misma línea, Madrid propuso fortalecer la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), como parte de los mecanismos de control institucional.
Entre las medidas planteadas por analistas figura la aplicación de pruebas anuales para evaluar al personal y detectar posibles irregularidades.
El riesgo de capturar sin investigaciones sólidas
Las nuevas facultades contempladas en las reformas aprobadas por el Congreso Nacional también generan preocupación por posibles abusos durante las operaciones.
Tinoco advirtió que las actuaciones sin orden judicial pueden derivar en detenciones equivocadas cuando no existe una identificación adecuada de las personas investigadas.
Además, señaló que las autoridades deben respetar el debido proceso y las garantías reconocidas en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Honduras.
El analista también pidió mantener los programas de prevención del delito e involucrar a otras instituciones estatales en las acciones de seguridad.
Mientras tanto, Madrid insistió en que la evaluación y certificación de los operadores de justicia debe desarrollarse sin intereses políticos.
Ambos especialistas sitúan el desafío más allá de las capturas: depurar a quienes investigan, fortalecer a quienes presentan las acusaciones.
Y por último, evaluar a quienes administran justicia y cerrar los espacios desde donde las estructuras delictivas pueden continuar sus actividades.
La nueva ofensiva pone a las bandas bajo presión. Pero también coloca bajo examen a las instituciones responsables de investigarlas, llevarlas ante los tribunales y mantener el control dentro de las cárceles.
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