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El fiscal general de la República, Óscar Chinchilla, cesará en su cargo el 31 de agosto, y los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) deberán hacerlo el 7 de diciembre, aunque desde la elección de Roy Pineda como juez de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el 16 de febrero, su magistratura en el órgano contralor del Estado quedó vacante.
Para la elección del fiscal general y del fiscal general adjunto existe un proceso de preselección. Los diputados eligen a quien ocupará el cargo, pero antes una Junta de Proponentes les entrega una nómina de cinco candidatos y candidatas con mayor idoneidad.
Esta lista deriva de un proceso de evaluación de conocimientos jurídicos, conocimiento normativo y organizacional del Ministerio Público, y experiencia en operación de justicia, dándose prioridad a fiscales y jueces para aspirar al puesto.
Al contrario, en la elección de los magistrados del TSC las reglas no son tan claras.
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Los políticos pueden presentar mociones con sus candidatos, aunque también el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, tiene la facultad de nombrar una comisión encargada de elaborar un reglamento de evaluación y de convocar a audiencias públicas a las y los postulantes.
Retrasos
La última elección del fiscal general se celebró el 30 de junio de 2018 y desde abril se instaló la Junta de Proponentes.
Desde la sociedad civil lamentan los retrasos y los atribuyen a oscuros pactos entre los tres partidos políticos principales: Libertad y Refundación (Libre), Nacional y Liberal.
"La verdad esto es un tema en el cual obviamente hay muchas negociaciones políticas, muchos intereses, yo creo que ahí se están jugando algunos votos", dijo a tunota.com el director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez.
Para la elección del fiscal general y del fiscal general adjunto se requieren 86 votos y para la escoger a los magistrados del TSC, de igual modo, 86 voluntades.
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