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La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) interpuso el viernes (05.11.2021) un recurso de apelación contra absolución de exmiembros del Consejo de la Judicatura en Honduras.
Esto, luego de la resolución judicial dictada el 1 de noviembre ante el extinto pleno entre ellos su presidente Jorge Rivera Avilés, con un sobreseimiento definitivo.
La decisión de otorgar el sobreseimiento definitivo fue del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, tomando como base un informe de auditoría elaborado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Así, exonera de responsabilidad administrativa, civil y penal a Jorge Alberto Rivera Avilés, Teodoro Bonilla Euceda, Julio César Barahona Henríquez, José Francisco Quiroz Mejía, Liliam Emelina Maldonado Sierra y Celino Arístides Aguilera.
Ante esto, el Ministerio Público informó que el sentido estricto no es de acreditar la responsabilidad penal de los exconcejales, sino más bien como la misma lo indica encontrar indicios de responsabilidad.
Por lo tanto, la Fiscalía para el Enjuiciamiento pide revocar el sobreseimiento definitivo por considerar que la misma no se encuentra dictada conforme a derecho.
Delitos de exmiembros del Consejo de la Judicatura
El caso se trabajó con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y se trata de una acusación criminal incoada ante el Juzgado con Competencia Nacional en Materia de Corrupción por más de 600 delitos de corrupción relacionados al manejo irregular de fondos públicos, específicamente en lo que corresponde a la solicitud, tramitación y asignación de viáticos, a través de lo cual se habrían desviado alrededor 13.5 millones de lempiras, por concepto de giras nacionales y al extranjero.
En tal sentido, al expresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera y a la vez expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, se le acusó por 131 delitos de abuso de autoridad y 60 de malversación de caudales públicos.
Mientras que al expresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, Teodoro Bonilla Euceda, se le acusó de 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 de abuso de autoridad.
A Julio César Barahona Henríquez se le presume responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos, en tanto que a José Francisco Quiroz Mejía se le imputan 93 delitos de malversación de caudales públicos.
Asimismo, a Liliam Emelina Maldonado Sierra se le considera responsable de la comisión de 67 delitos de malversación de caudales públicos y finalmente a Celino Arístides Aguilera se le acusó de 78 delitos de malversación de caudales públicos y tres delitos de uso de documentos privados falsos.
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