La Creación del Fondo Especial Solidaria para las Comunidades, que para muchos es una copia al carbón del Fondo Departamental del Congreso Nacional (CN) anterior que era presidido por Mauricio Oliva, pasa de la controversia al enredo jurídico.

Esto último, ya que en las últimas horas ha trascendido que, para aprobar la versión de la actual administración, se tiene que anular el decreto anterior.

Derogar el Fondo Departamental no será una tarea fácil, pues en el Congreso anterior lo blindaron y le dieron rango constitucional; y se requiere la mayoría calificada, es decir, 86 votos de los 128 diputados del CN para eliminarlo.

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Antes de derogar el cuestionado Fondo Departamental y crear el Social Solidario en el Presupuesto actual se destinaron 200 millones de lempiras para que los diputados propietarios y suplentes vuelvan a las comunidades con un costal lleno de regalos.

Hasta ahora el único decreto vigente es el Fondo Departamental y se asoma ya su sustituto. Si ambos se parecen, en teoría dicen muchos, es porque en la práctica “es la misma mona, pero en diferente rama”.

¿Qué es el Fondo Departamental?

El Fondo Departamental se consigna en la Ley Especial para Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Redición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales, aprobada por el Congreso Nacional en octubre de 2019 durante la gestión presidida por Mauricio Oliva.

La normativa permite a diputados, funcionarios, directores, corporaciones municipales, Organizaciones No Gubernamentales; y cualquier persona natural o jurídica solicitar fondos con la supuesta finalidad de obras, proyectos o programas sociales. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) es el encargado de ejecutar las auditorías para el control de los recursos asignados.

Fondo Social

El titular del Poder Legislativo, Luis Redondo afirmó días atrás a medios locales que el Fondo Departamental dejó de existir, para darle paso ahora al Fondo Social. Este último, limita a los parlamentarios a solo gestionar proyectos y no manejar fondos.

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“Desde el 23 de diciembre se dio a conocer la creación de un Fondo Social, esto involucra proyectos. Por ejemplo, hay una diputada que quiere que se haga un muelle en Trujillo; y ese proyecto es parte de cómo va a ser la aprobación del acuerdo con el Poder Ejecutivo de promover todos aquellos proyectos que en representación del pueblo de los diferentes departamentos se les piden directamente a los diputados”, explicó.

Redondo sostuvo que los diputados no tocarán estos fondos, solo seguirán siendo gestores de proyectos sociales los cuales serán públicos y conocidos por toda la población hondureña.

Al mismo tiempo, condenó el Fondo Departamental al decir que con este se cometió corrupción y derivó en la "Red de diputados"; caso denunciado por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).