Luego de que en las últimas horas del lunes (28.02.2022) se reveló que el exalcalde sampedrano, Rodolfo Padilla Sunseri, podrá presentar argumentos para beneficiarse del decreto de amnistía aprobado por el Congreso Nacional, surge la interrogante sobre qué otros hondureños podrían ser beneficiados con eta medida.

Además de Padilla Sunseri —a quien se le condenó en 2017 por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos—, otros reconocidos políticos, entre ellos los funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), Marcelo Chimirri y Enrique Flores Lanza, se han amparado en la amnistía.

A Flores Lanza, señalado por el escándalo del "Carretillazo" (una sustracción de 50 millones de lempiras del Banco Central de Honduras, BCH, para financiar el proyecto de la Cuarta Urna), se le entregó una carta de libertad el pasado viernes (25.02.2022).

Por su parte, Marcelo Chimirri, capturado en 2009 y condenado a nueve años de prisión por enriquecimiento ilícito en 2017 por no poder justificar la procedencia de 16 millones de lempiras durante su función como gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), irá a audiencia de extinción de responsabilidad el jueves (03.03.2022) a la 1:30 de la tarde.

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¿Qué otras personas se han beneficiado?

Además de estos exfuncionarios, otras personas consideradas "perseguidos políticos", podrían ser beneficiadas bajo este medida.

Entre ellos está Eduardo Enrique Urbina, a quien se le acusó de haber incendiado un camión militar durante la crisis poselectoral de 2017, y quien logró exiliarse en Costa Rica, luego de que comprobó, mediante juicio, que no era responsable de los cargos que se le imputaban.

También están los casos de José Antonio Meza y Javier Fabricio Sarmiento, estudiantes del Centro Universitario Regional del Centro (CURC) detenidos en 2017, además de los campesinos de la Cooperativa 11 de Marzo.

En todos estos casos, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), argumentó que son cargos refutables.

Decreto

La Ley para la reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho fue aprobada por el Congreso Nacional el pasado 3 de febrero. Su aprobación provocó diversos cuestionamientos y fue calificado como un pacto de impunidad por casi todos los sectores políticos y sociales de Honduras.

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