Barrios abrió el debate al escribir en su cuenta de Twitter: "Los impuestos sobre la riqueza, las rentas y las herencias, son herramientas fiscales probadas para obtener un margen financiero, que permita afrontar la alta desigualdad en Honduras, debe cambiar el sistema tributario altamente regresivo de nuestro país, urge la reforma fiscal".
Posteriormente, el legislador amplió su propuesta e indicó que la reforma tributaria debe incluir mayores cargas para las fortunas y para los millonarios, de manera que quienes más ganen deben pagar más.
Este anuncio del diputado oficialista no es bien visto por el sector privado, quienes aseguran desconocer las intenciones de dicha reforma.
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"¿Qué pasa si a un joven le dejan de herencia una casa y le cargan un tributo muy alto?, entonces que, ¿va a perder la casa? Yo creo que hay que estar atentos a esos llamados que siguen causando temor, inseguridad y no reglas claras", dijo el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín.
De su lado, Amílcar Bulnes, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), recomienda esperar que el anteproyecto sea presentado en el Congreso Nacional para luego emitir las respectivas valoraciones.
"La verdad es que el Gobierno está obligado a concertar lo que el esfuerzo de todos los hondureños que trabajamos y pagamos impuestos, que es todo el pueblo, aún el sector informal", señaló Bulnes.
El economista Roberto Lagos manifestó que "están vendiendo una reforma desde una perspectiva populista y sin entender el impacto que estas medidas tienen sobre la productividad e inversión".
Socialización
Entre tanto, los analistas piden una amplia socialización con empresarios y sociedad civil para evitar fuga de capitales y una severa caída de la inversión.
"La reforma si no está bien consensuada, si no se ha analizado bien y solo se ve desde un ángulo puede tener consecuencias muy dramáticas para el país", aseguró Jorge Yllescas, analista político.
Se espera que en los próximos días la iniciativa de ley que prepara la Secretaría de Finanzas y el Servicio de Administración de Rentas (SAR) sea enviada el Poder Legislativo para su discusión.
