La aprobación de las reformas al Código Penal y Procesal Penal en el Congreso Nacional representa un giro drástico en el funcionamiento del sistema carcelario hondureño.
Al clasificar a maras y pandillas como terroristas, la legislación despoja a los jueces de la discrecionalidad para enviar a estos imputados a prisiones comunes, decretando su ingreso obligatorio e inmediato a módulos de aislamiento severo bajo la custodia del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
El foro Frente a Frente transmitido este jueves 29 de octubre abordó en detalle la transformación interna que vivirán los centros penales y cómo se estructurará el día a día de los reclusos procesados o sentenciados bajo esta nueva categoría.
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Para discutir estos cambios, el programa contó con la participación del director nacional del INP, Walter Irán Amador Lacayo; el subdirector del INP, Edwin Jovel Galeas Oliva; el subdirector nacional de Inteligencia y Seguridad del INP, Julio Edgardo Dubón Galindo; y el subdirector nacional de Gestión Penitenciaria del INP, Adán Rodríguez Sierra.
Además estuvieron presentes José Lisandro Sánchez Oliva, secretario general del INP y Claudia Suyapa Ardón Girón, subdirectora nacional de desarrollo institucional del INP.
La nueva vida de los reos en Honduras
El impacto cotidiano que la reforma impone sobre la vida de los reclusos fue expuesto por el subdirector de Gestión Penitenciaria, Adán Rodríguez Sierra. Explicó que el régimen de máxima seguridad elimina los beneficios de preliberación o acortamiento de pena para los procesados por terrorismo, sometiéndolos a un régimen cerrado y estrictamente vigilado.
Rodríguez Sierra desglosó el nuevo protocolo diario que regulará a estos prisioneros: permanencia de 23 horas y media dentro de la celda, 30 minutos de calistenia y sol al aire libre, uso obligatorio de uniforme (camiseta blanca, calzoneta negra y sandalias), prohibición total de dinero en efectivo y eliminación de visitas conyugales:
Lo que establece la nueva normativa es un régimen más rígido, más cerrado, con menos movilización, más control en las visitas ( ... ) este privado que está en régimen de máxima seguridad no va a poder optar a un beneficio de preliberación.
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Frente a las quejas manifestadas por abogados penalistas sobre los límites al ejercicio de la defensa, el funcionario aclaró que los derechos no han sido suspendidos, pero sí regulados bajo estrictos parámetros de seguridad mediante auditorios con divisiones de vidrio.
El abogado o el apoderado legal va a estar 15 minutos con el privado de libertad en un auditorio. No se le está limitando, lo único que hacemos es restringir esa visita ( ... ) pero el acceso a todo lo básico lo va a tener.
En cuanto a la comunicación con el exterior, los internos solo tendrán derecho a una llamada telefónica mensual de 10 minutos a números previamente registrados y autorizados, mientras que sus familias podrán realizar depósitos electrónicos en economatos con un límite máximo mensual de 5,000 lempiras.
Inteligencia, teléfonos decomisados y convivencia entre pandillas
Desde el área de inteligencia y seguridad, el coronel Julio Edgardo Dubón Galindo abordó el desafío de cortar los flujos ilícitos y las comunicaciones no autorizadas dentro de las prisiones.
Reveló que en los últimos tres a cuatro meses de gestión se han decomisado entre 80 y 100 teléfonos celulares a nivel nacional, incluyendo cinco dispositivos satelitales en el penal de Ilama.
Dubón Galindo enfatizó que la tecnología de inhibición de señal y el uso de escáneres se han reforzado para contrarrestar los intentos de ingreso de objetos prohibidos. Asimismo, se refirió al protocolo de calistenia aplicada en Támara, donde integrantes de la Pandilla 18, la MS-13 y el Cartel del Diablo realizan acondicionamiento físico juntos en el patio bajo riguroso control militar, antes de ingresar nuevamente a sus celdas individuales o pareadas.
En su momento cuando ya se quiere hacer este centro integrado de máxima seguridad contra el terrorismo ( ... ) considero yo que puede ser una salida viable.
Ahora las autoridades tienen el desafío de equilibrar la firmeza operativa y la recuperación del control territorial sin desmantelar las garantías procesales básicas ni descuidar los programas de rehabilitación destinados a la población de mediana y mínima seguridad.
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