El Congreso Nacional está discutiendo un nuevo paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal para dotar a los operadores de justicia de herramientas extraordinarias para desarticular a las maras, pandillas y estructuras criminales catalogadas formalmente como organizaciones terroristas.
Durante la emisión del foro Frente a Frente de este martes 13 de octubre de 2026 se analizaron en detalle los alcances y riesgos de estas modificaciones legales.
Para ello estuvieron presentes los diputados Marco Paz, presidente de la Comisión de Seguridad y representante del Partido Nacional; además de Alex Berríos, diputado del Partido Liberal.
También estuvo presente Rafael Sarmiento, diputado del Partido Libertad y Refundación, Libre y el abogado Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa.
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El diputado por el Partido Libre, Rafael Sarmiento, sintetizó la columna vertebral del proyecto legislativo en cinco pilares diseñados para endurecer la persecución penal y desmantelar el músculo financiero de los grupos delictivos.
1. Allanamientos urgentes sin orden judicial previa
Se faculta a las fuerzas de seguridad para ingresar de manera inmediata a viviendas y refugios de presuntos criminales argumentando la figura de la "flagrancia permanente". La actuación policial o militar se convalida posteriormente ante un juez competente con la presencia de fiscales ejecutores.
"Estamos convirtiendo esto de las estructuras terroristas en flagrancia permanente y es por ello que se va a poder hacer allanamientos urgentes en base a inteligencia ( ... ) para darle todo lo que realmente necesitan las instituciones de seguridad con garras y dientes", dijo el diputado Marco Paz.
2. Cumplimiento del 100% de la pena
Se eliminan de forma categórica los beneficios penitenciarios de preliberación, libertad condicional o reducción de condena para cualquier persona procesada o sentenciada bajo cargos de terrorismo u orquestación de maras y pandillas.
3. Sanción al uso de tatuajes alusivos bajo pericia técnica
Se tipifica como elemento probatorio la portación de tatuajes o simbología asociada a maras como la MS-13, la Pandilla 18 o el denominado Cartel del Diablo. No obstante, para evitar abusos o estigmatizaciones indiscriminadas contra la ciudadanía, la ley exige una evaluación pericial técnica que certifique la filiación con la estructura criminal.
"El uso de tatuajes alusivos a la estructura criminal. Tiene que ser mediante una pericia técnica porque no puede vandalizarse, criminalizarse a todas las personas que tienen tatuajes en el país", dijo Sarmiento.
4. Ampliación del plazo para inquirir de 24 a 48 horas
Se duplica el periodo legal de detención preventiva antes de presentar el requerimiento fiscal formal, otorgando a la Policía Nacional, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y el Ministerio Público mayor margen operativo para fundamentar expedientes sólidos.
5. Uso anticipado de bienes incautados a la criminalidad
Se reforma el artículo 78 de la Ley de Privación de Dominio para transferir de manera inmediata los activos líquidos congelados bajo administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) a los presupuestos operativos de las instituciones de seguridad y defensa.
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Las advertencias de la sociedad civil sobre garantías y capacidad penitenciaria
El abogado Nelson Castañeda reconoció la necesidad de responder con contundencia ante la extorsión y el terrorismo, pero encendió las alarmas sobre el desequilibrio en la asignación de recursos y la fragilidad del sistema penitenciario.
A su vez, advirtió que la política de capturas masivas se enfrentará a un muro de contención en las cárceles nacionales, las cuales registran más del 120% de hacinamiento.
"El hacinamiento ronda el ciento veinte por ciento. ¿A dónde vamos a contener a todos estos privados de libertad? Si las cárceles siguen siendo centros de operaciones criminales, volvemos a más de lo mismo", dijo.
Analistas y legisladores coincidieron en que la aprobación de decretos es apenas el primer paso.
La verdadera prueba del paquete de reformas antiterroristas residirá en la capacidad del Ministerio Público para sostener requerimientos de calidad fundados en investigación científica, la efectividad del sistema penitenciario para aislar a los cabecillas sin violar derechos humanos y la garantía de que el operativo de calle no degenere en arbitrariedades contra la población civil.
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