Policías, fiscales, jueces y abogados defensores podrían enfrentar procesos penales por su presunta vinculación o colaboración con estructuras terroristas en Honduras, advirtió Cristian Nolasco, jefe de operaciones de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en el programa 30/30 de TSi del domingo 11 de octubre.

"Dentro de pocos días vamos a tener policías presos por el delito de asociaciones terroristas, fiscales presos, jueces presos y abogados defensores, sin ética profesional, detenidos", expresó Nolasco al referirse a las investigaciones sobre posibles nexos entre operadores de justicia y organizaciones criminales.

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El funcionario explicó que la responsabilidad penal no se limitaría a quienes pertenezcan a estas estructuras, sino que también podría alcanzar a quienes colaboren con sus actividades.

Además, mencionó penas de entre 15 y 20 años de prisión por el delito de asociación terrorista.

La advertencia se produce después de que las autoridades declararan organizaciones terroristas a la pandilla Barrio 18, la MS-13 y el Cártel del Diablo.

En el marco de estas medidas, más de 30 presuntos integrantes de estas estructuras han sido capturados y trasladados a cárceles de máxima seguridad, donde enfrentan restricciones que incluyen la prohibición de visitas conyugales y de pastores, así como de abogados bajo supervisión, medidas que han sido cuestionadas.

Reformas y debilidades en la justicia

Además, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que se espera conocer esta semana la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre las reformas penales orientadas a impedir que las personas condenadas por terrorismo accedan a beneficios penitenciarios, como la libertad condicional.

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Durante el debate televisivo sobre las debilidades en la lucha contra la criminalidad, el abogado penalista Hermes Ramírez señaló que uno de los principales problemas es la investigación criminal, que requiere más presupuesto, tecnología y capacidad de inteligencia.

También planteó la necesidad de una depuración permanente y profesionalizada de los cuerpos de seguridad y del Poder Judicial.

Por su parte, el diputado Marcos Paz coincidió en que se necesitan "capacitación permanente, certificación permanente y depuración permanente" en el Ministerio Público y el Poder Judicial para combatir posibles irregularidades.

El pastor Carlos Cerrato cuestionó la impartición de justicia y denunció presuntos abusos de algunos abogados contra personas privadas de libertad. Asimismo, defendió la rehabilitación mediante la fe y el acompañamiento religioso en los centros penitenciarios.

En la misma línea, el pastor Javier Hernández consideró que las fallas también están en la impartición de justicia y defendió el papel de la predicación religiosa en los procesos de rehabilitación.

Nolasco, en cambio, insistió en que la seguridad es una responsabilidad del Estado y que los operadores de justicia deben actuar sin favorecer a estructuras criminales.

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