La Secretaría de Transparencia a través de a la Oficina Normativa de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Honduras (ONCAE) ha pedido al Congreso Nacional que elimine tres artículos del Capítulo XX del proyecto de Presupuesto de Honduras 2023, que dan facultades a ministros y funcionarios para efectuar procesos de compra y contrataciones de forma directa y sin autorización del Poder Ejecutivo.

"Los artículos 289, 290 y 291 contenidos en el Capítulo XX, deben ser eliminados y no considerados dentro del documento final del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2023, por contravenir lo dispuesto en el artículo 360 de la Constitución", indicó la Secretaría de Transparencia.

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El artículo 360 constitucional establece que los procesos del Estado para ejecutar obras públicas, adquirir suministros y servicios, y compra-venta o arrendamiento de bienes deben de realizarse por licitación, concurso o subasta conforme a la ley, indicó Transparencia.

VEA: Presupuesto 2023 genera dudas, al facultar a funcionarios a realizar compras directas

Además, la Secretaría de Transparencia recordó que la Ley de Contratación del Estado, en su artículo 38, y el reglamento de esta normativa, establece las mismas modalidades constitucionales de compra, y las contrataciones directas, pero aplicables en situaciones de emergencia.

Dichas compras y contrataciones bajo cualquier mecanismo deben realizarse bajo las normas e instructivos que dicte la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

Diversos sectores, políticos y económicos de Honduras, se han manifestado en contra de que el Congreso Nacional apruebe el proyecto de Presupuesto de la República para 2023 contemplando que las instituciones centralizadas y descentralizadas efectúen compras y contrataciones directas, obviando la Ley de Contratación del Estado, y sin autorización de la presidenta Xiomara Castro.

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El Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh) y el Colegio de Economistas de Honduras recordaron a los diputados del Congreso Nacional que las compras directas son sinónimo de corrupción.