Los imputados son: el exjefe de circuito oficial 193 Luis Alejandro Arriaga y el exgerente legal Óscar Danilo Santos Gáleas y el exgerente genera, Marcelo Chimirri.
De acuerdo a lo informado por la vocera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Lucía Villars, la Sala II del Tribunal de Sentencia tenía previsto que este día diera inicio el juicio oral y público.
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“A ellos se les supone responsables de 21 delitos de violación de los secretos agravados. Este delito es en perjuicio de la seguridad del Estado de Honduras. Este es un caso de hace varios años por unas escuchas telefónicas”, mencionó a tunota Villars.
Detalló que el juicio no pudo dar inicio debido a que la defensa técnica de los encausados interpuso un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional todavía no se ha pronunciado con respecto a si lo va a admitir o no.
“Se está a la espera de la resolución por parte de la Sala de lo Constitucional y una vez tengamos la resolución se podrá continuar de manera normal con el desarrollo de este juicio y determinar durante el debate con la evacuación de medios de prueba si estas personas tienen o no responsabilidad penal de los 21 delitos de violación de secretos agravados por los cuales fueron presentados ante la Justicia Hondureña”, concluyó.
En 2017, Chimirri fue condenado a nueve años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito y a ocho por abuso de autoridad y fraude, siendo un total de 17 años.
De igual manera, el acusado, en ese momento no supo justificar más de 16 millones de lempiras que obtuvo mientras era funcionario.
Beneficiado con amnistía
Chimirri recibió la libertad de responsabilidad penal por los tres delitos en perjuicio de la Administración pública.
El primero fue por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y fraude, mismos que se registraron cuando fue gerente de Hondutel, en el gobierno de José Manuel Zelaya Rosales.
Esto fue posible a través de una petición por la defensa privada con base a lo establecido en el decreto legislativo 04-2022, capítulo 11, Artículo 4.
Cabe mencionar que este decreto causó cierta polémica en el Congreso Nacional, ya que concede la amnistía general, amplia e incondicional y de conformidad a los delitos establecidos en el Código Penal mediante decreto 144-83, por considerarse que se trataron de acusaciones políticamente motivadas.
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