Este 8 de septiembre de 2025 marca oficialmente el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 50 mil hondureños que, durante más de 26 años, residieron legalmente en Estados Unidos bajo esta figura migratoria.
La decisión fue tomada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y ratificada por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, California, dejando sin efecto una orden judicial que frenaba su cancelación.
Aunque se espera una audiencia clave el próximo 18 de noviembre, el TPS ha sido suspendido de manera efectiva.
Miles de hondureños pasan desde hoy a una condición migratoria irregular, enfrentando el riesgo de deportación, en medio de un panorama de incertidumbre y falta de preparación institucional para su eventual retorno.
Cronología del TPS para Honduras (1999–2025)
- 5 de enero de 1999: Estados Unidos otorga el TPS tras los estragos del huracán Mitch.
- 2000–2017: Trece extensiones consecutivas de 18 meses.
- 6 de noviembre de 2017: Se extiende automáticamente hasta el 6 de julio de 2018 ante la falta de decisión del DHS.
- 4 de mayo de 2018: El DHS, bajo la administración Trump, anuncia la terminación del TPS para Honduras (prevista para enero de 2020).
- 2019–2022: Litigios judiciales (casos Bhattarai y Ramos) detienen su fin, extendiendo beneficios automáticamente.
- 21 de junio de 2023: El DHS rescinde la terminación del TPS y otorga una extensión por 18 meses (6 de enero de 2024 – 5 de julio de 2025).
- 7 de julio de 2025: DHS anuncia oficialmente el fin del TPS, argumentando que Honduras cuenta con las condiciones humanitarias para recibir a sus migrantes. Posteriormente, la Alianza Nacional presenta una demanda contra esa decisión.
- 31 de julio de 2025: Una corte ordena aplazar la cancelación hasta audiencia judicial en noviembre.
- 20 de agosto de 2025: Una Corte de Apelaciones levanta la suspensión, permitiendo el fin del TPS este 8 de septiembre de 2025.
- 8 de septiembre de 2025: Fecha oficial del fin del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal.
- 18 de noviembre de 2025: Se espera una nueva audiencia en una corte distrital para decidir si las protecciones del TPS se restablecerán o se ratificará su fin.
¿Quién es responsable del fin del TPS para los hondureños?
Para el abogado Graco Pérez, experto en derecho internacional, el fin de este programa migratorio es una consecuencia directa de la inacción y el mal manejo diplomático del gobierno hondureño.
"Yo creo que se pudo haber hecho más desde hace mucho antes. No es un tema de este año. Es un tema que debió manejarse desde el inicio del gobierno", afirmó Pérez en entrevista con tunota.com.
Pérez señala que durante los primeros años de la administración Biden —considerada más flexible en política migratoria— Honduras tuvo la oportunidad de gestionar una residencia permanente o una nueva extensión del TPS, como lo hicieron otros países:
"La administración de El Salvador logró que se extendiera el TPS incluso durante el gobierno de Trump. Eso demuestra que sí se podía. Pero Honduras nunca hizo las gestiones necesarias", agregó.
Política exterior errática
Graco Pérez señaló que el actual gobierno adoptó una política exterior de confrontación y aislamiento, lo que tuvo un impacto negativo para los migrantes.
"Despreciaron una invitación de Kamala Harris, nunca se reunieron con Biden, y con Trump tampoco. Se alejaron completamente de la diplomacia estratégica".
Entre las decisiones que afectaron la relación con Estados Unidos, mencionó:
- Rompimiento con Taiwán y acercamiento a China.
- Apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela.
- Declaraciones contra la cooperación militar con EE. UU.
- Posturas ideológicas contrarias a la política exterior estadounidense.
"Estas decisiones son contrarias a la política exterior de Estados Unidos. Creo que fue un muy mal manejo de la política exterior y la cancelación del TPS es parte de esa consecuencia", advirtió.
Sin gestión y sin liderazgo
Pérez también cuestionó la falta de gestión a nivel de embajada. Señaló que no hay representación en Washington tras el nombramiento del embajador Javier Bu como canciller, en sustitución de Enrique Reina.
"Dejaron abandonada la embajada en el país más poderoso del mundo, donde están los migrantes hondureños que con remesas sostienen la economía hondureña, y el lobby contratado no mostró resultados. Por más que el gobierno diga que trabajaron por los migrantes, la verdad es que nunca les interesó y vieron más un objetivo ideológico político que el beneficio de los hondureños en el exterior. No hubo prioridad”.
Además, cuestionó que el propio gobierno haya ofrecido argumentos para la cancelación del TPS, durante la visita de la secretaria de Seguridad estadounidense Kristi Noem en junio pasado.
"Dijeron que el país estaba muy bien y que había fuentes de trabajo, recientemente dijeron que un millón de hondureños salieron de la pobreza. Dieron todos los argumentos que necesita Estados Unidos para cancelar el TPS”.
Declaración del DHS
En su comunicado del 7 de julio, el DHS afirmó: "Honduras ha experimentado cambios significativos en los 26 años transcurridos desde la destrucción causada por el huracán Mitch. Los informes indican que el 95.7 % de los hondureños tiene acceso a una fuente básica de agua, el 83.8 % tiene acceso a saneamiento básico y el 93.2 % tiene acceso a electricidad".
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También destacó que, con la ayuda internacional, el país fortaleció su capacidad de gestión de desastres a nivel municipal y nacional, mejoró su respuesta a emergencias, y ha atraído mayor inversión extranjera directa.
A esto se suma la expectativa de nuevos proyectos de infraestructura que podrían transformar Honduras y generar empleos. Con base en estos avances, el DHS determinó que la capacidad reciente de Honduras para recibir a sus nacionales es, al menos, "adecuada".
Drama humano sin respuesta estatal
El experto Graco Pérez señaló que desde el mismo gobierno hondureño no se han planteado opciones reales para los migrantes, más allá de un programa social que entrega un bono y capital para iniciar un emprendimiento.
Esta medida, sostiene, no será suficiente, especialmente considerando que estas personas han construido sus vidas en Estados Unidos durante más de dos décadas: han adquirido propiedades, formado familias y tienen acceso a tratamientos médicos, recursos que no podrían encontrar en Honduras.
"El país no tiene condiciones para recibir a estas personas. No hay empleo, la seguridad no es la mejor. Vamos a un proceso electoral, la economía está deprimida. Encontrarán un escenario muy complicado”.
El experto también alertó sobre el impacto económico del fin del TPS en Honduras si los beneficiarios son deportados, ya que, no solo han mantenido a sus familias en Estados Unidos, sino que además contribuyen con el envío de remesas a sus seres queridos en el país:
"Son más de 50 mil hondureños y cada uno de ellos tiene una historia totalmente diferente y que al final se puede ver interrumpida abruptamente".
Gobierno defiende su gestión
Ante los cuestionamientos de que el gobierno hondureño pudo haber hecho más para evitar el fin del TPS, el canciller Javier Bu afirmó en el foro 30/30 de TSi que han apoyado a la comunidad tepesiana.
Afirmó que se reúne virtualmente cada mes con la Alianza Nacional TPS, a la cual reconocen y respaldan como representante de este sector, ya que es la organización que realiza acciones legales a favor de la diáspora, incluyendo a personas de otros países.
"Lastimosamente se vence la vigencia de las licencias del estatus y permisos de trabajo de nuestros migrantes, pero la lucha no termina ahí, ellos siguen adelante esperando la audiencia del 18 de noviembre", agregó.
Recomendación a hondureños que se quedan sin TPS
Bu también recomendó a los hondureños buscar formas de regularizarse: "La Cancillería tiene acuerdos con bufetes en Estados Unidos donde se les asesora de forma gratuita. Esperamos que no haya una cacería contra nuestros tepesianos, como ha sido la política de Trump".
Además, recordó que la cancelación del TPS no solo afectó a migrantes de Honduras, sino también de otros países como Nicaragua, Nepal, Venezuela, entre otros.
El director del Instituto Nacional de Migración, Wilson Paz, también defendió a la administración: "Hemos trabajado con profesionalismo. Hay una coordinación cercana con Estados Unidos en temas migratorios, de seguridad y económicos".
Paz destacó los programas de retorno y reiteró: "El TPS vence, pero aún hay esperanza legal. El 18 de noviembre hay otra audiencia... y esperamos que esa decisión sea positiva".
Germán Leitzelar: "El país no está listo para recibir migrantes"
El abogado laboralista Germán Leitzelar (hijo) fue contundente: "Este país no ha podido dar soluciones ni siquiera en condiciones normales. ¿Qué va a pasar cuando lleguen 10,000, 20,000 o 50,000 personas más?".
Además, criticó los bonos que entrega el gobierno a los migrantes retornados señalándolos como una solución improvisada: "¿De qué sirve entregar dinero para emprender si no hay condiciones de seguridad, de consumo o crecimiento económico?".
"Este no es solo un drama migratorio, es un drama nacional. Y el país no está listo para enfrentarlo", agregó, en declaraciones a radio HRN.
También propuso como respuesta viable la instalación de mesa multisectorial de emergencia nacional para actuar ante el retorno de miles de hondureños.
Impacto económico
Los migrantes se han convertido en pilares económicos de sus familias gracias a las remesas que envían mensualmente. Si retornan, estas podrían verse gravemente afectadas.
Según expertos, cada beneficiario del TPS envía unos 500 dólares mensuales, lo que podría traducirse en una pérdida anual de más de 300 millones de dólares si regresan al país.
Las remesas representan cerca del 26% del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras. En 2024, el país captó 9,743 millones de dólares en remesas, un 6.2 % más que los 9,177.5 millones de 2023, la mayoría provenientes de Estados Unidos, según el Banco Central (BCH).
Las proyecciones del BCH es que las remesas superarán los 10 mil millones de dólares en 2025.
Conadeh urge al Gobierno plan ante fin de TPS
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), instó al Gobierno a implementar mecanismos que brinden "respuestas oportunas y efectivas" a los hondureños que quedarán desprotegidos, tras el fin del TPS.
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, lamentó que los hondureños amparados en este programa migratorio quedarán "sin ninguna protección".
Reyes explicó que, sin el TPS, los inmigrantes perderán el derecho a trabajar legalmente, así como la posibilidad de obtener licencia de conducir y acceder a seguro médico.
La medida, añadió, genera "mucha preocupación e incertidumbre" y obliga al Gobierno de Honduras a diseñar "mecanismos de respuesta" para recibir a los inmigrantes, quienes difícilmente podrán adaptarse a la complicada realidad del país en materia de desempleo y seguridad.
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