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En lo que va del año 2021 se han registrado dos casos de muerte violenta de ciudadanos hondureños en las que se involucra a miembros de la Policía Nacional y Policía Militar.
El primer caso involucra a policías asignados a la posta policial de La Esperanza, Intibucá, occidente del país, mismos que son investigados por su presunta participación en la muerte de Keyla Martínez, la joven que estaba por graduarse como licenciada en enfermería en la Universidad Nacional Autónoma (UNAH).
Keyla fue retenida junto a un médico el pasado 06 de febrero por irrespetar el toque de queda establecido en el país por la pandemia del covid-19. Ambos fueron llevados a una celda policial pero en horas de la madrugada del 7 de febrero se reportó la muerte de la enfermera.
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Los agentes de turno y la misma Policía Nacional indicó que Keyla se suicidó, pero un dictamen forense contradijo esa versión y confirmó que se trató de un homicidio. Doce policías fueron puestos a la disposición de las autoridades competentes que los indagan para esclarecer el crimen.
Disparan contra joven conductor de volqueta
Tras el caso de Keyla, apenas diez días transcurrieron para que en el país se registrara otro suceso en el que se envuelve a un policía militar, designado en la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano.
En este caso, ya existe una acusación directa por parte del Ministerio Público en contra del policía Levis Russi Rivera Benítez por el homicidio de Erick Davidson Barrientos Avilés de 20 años, conductor de una volqueta.
Según la investigación de las autoridades, y con declaraciones de testigos, Rivera disparó a Barrientos en medio de una discusión, luego que el joven volquetero hiciera caso omiso a un requerimiento tras llevarse de encuentro un cono de tránsito durante un retén en la colonia El Carrizal número 2 de Comayagüela.
Policías salpicados en 2011
En un sonado caso similar al de Barrientos Avilés se recuerda la muerte del hijo de la exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos. Con ello inició una reforma policial en Honduras.
El hecho se registró en octubre de 2011. Alejandro Vargas Castellanos y su amigo Carlos Pineda fueron hallados sin vida en la carretera al sur del país después de una persecución por no atender un requerimiento de un retén.
Cuatro agentes policiales fueron condenados por este crimen en el año 2013, mientras un agente y un oficial son prófugos de la justicia.
Crimen del zar antidrogas
Pero antes, en diciembre de 2009, se registró el crimen del general Julián Arístides Gonzáles, considerado el zar antidrogas del Ministerio Público. Era titular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN).
Años después de su muerte se confirmó que un grupo de policías planeó asesinarlo pagados por narcotraficantes del país a quienes el zar antidrogas investigaba. Lo asesinaron en una emboscada en una de las calles del barrio Guanacaste de Tegucigalpa. El crimen está impune.
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Secuestro de garífunas
El 18 de julio de 2020 se reportó el secuestro de cuatro hombres en la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz, en la costa norte hondureña. Según sus familiares, personas vestidas con uniformes de policía los sacaron de sus casas por la fuerza.
Hasta la fecha no se sabe nada de los activistas y defensores del territorio garífuna, como tampoco si fueron desaparecidos por policías, como señalaron testigos.
La institución policial hondureña ha sido salpicada en muchos otros escándalos de corrupción y abuso de autoridad.
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