El reclutamiento de menores en Honduras amerita esfuerzos y estrategias de carácter urgente que reviertan los peligros de muerte y propicien un ambiente sano en el que puedan desarrollarse como hombres y mujeres de bien.

Por duro que suene, desplazarse significa salvarse por instinto de sobrevivencia. Sobre todo si el país de procedencia no genera las condiciones que permitan el bienestar de sus pueblos y un futuro prometedor para las generaciones venideras.

Dejar atrás a la familia para viajar a Estados Unidos u otro lugar del planeta no es cosa que se decida con alegría si es por la fuerza.

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Esta realidad no excluye a los niños, que casi conforman la mitad de los 247 mil desplazados por la fuerza en Honduras y son un blanco para el reclutamiento de menores.

Sentimientos de impotencia, dolor y desesperanza se conjugan al tomar una decisión que implica grandes peligros en trayectos infestados por la violencia y los operadores del crimen organizado.

Para los que se reducen a una simple crítica, la migración irregular solo es sinónimo de gobiernos fracasados y pobreza extrema, lo que no deja tener sentido.

Sin embargo, para otros como el colombiano Andrés Eduardo Celis Neira, representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en Honduras, los indocumentados merecen todo el respeto y la admiración, porque es de valientes salir de un país sin ninguna certeza y dejando atrás todo.

Sin importar los riesgos causados por otros que con las armas ahogan las posibilidades de cumplir los propósitos de sus vidas y abren la posibilidad del reclutamiento de menores.

En una amena entrevista con tunota, Celis confiesa que siente rabia y frustración al ver cómo las historias se repiten y que no siempre se encuentra ni el cómo, ni el con quién ofrecer una alternativa.

Al considerar esas historias afectadas por la violencia en sus tierras, lo que queda es sensibilizar a Honduras entera para que los compatriotas tengan las oportunidades y eviten la muerte y se evite el reclutamiento de menores.

Celis destaca que el Congreso Nacional comienza -hasta ahora- a dar señales de compromiso con los desplazados.

“Por eso sé que lo único que no puede ocurrir es desfallecer en el compromiso de escuchar, evaluar alternativas y emprender acciones de asistencia y protección que honren la dura decisión de dejar la vida que se llevaba”, manifiesta.

¿Cuáles son las causas del desplazamiento forzado interno?

 La violencia que se refleja en las restricciones de movilidad que imponen estructuras criminales – fronteras invisibles, códigos de conducta -; las extorsiones que ahogan a las personas y sus iniciativas.

Asimismo, la violencia de género que ahonda la desigualdad existente; usurpación y despojo tierras y vivienda, así como la destrucción de estas últimas y reclutamiento de menores forzado en las estructuras del crimen.

Hay 247 mil desplazados en Honduras. ¿De qué porcentaje de crecimiento hablamos al relacionarlo con 10 años atrás?

Los datos que nos comparten los países de asilo reflejan que 222 mil hondureños han buscado protección. Esta cifra es 162 veces mayor que la que teníamos hace 10 años.

Ese crecimiento es el espejo de lo ocurre internamente. En el 2018, identificamos que, de esas personas, cerca del 50% se había desplazado a partir del 2014.

No existen datos actualizados. Lo que sí evidenciamos es que cada vez nos llegan más casos.

¿Observa políticas públicas definidas para combatir los flagelos?

Hay instituciones que sirven para impulsar y desarrollar respuestas como la Dirección para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia (Dippdiv), primera instancia del Ejecutivo creada de manera especializada para la atención del desplazamiento dentro de la Secretaría de Derechos Humanos.

También está la Comisión Interinstitucional para Personas Desplazadas por la Violencia, que avanzó en la definición de principios para la aplicación de las políticas de atención a la población desplazada a nivel local.

A partir del 2016 se priorizó trabajar municipalidades afectadas por el desplazamiento interno.

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Estos esfuerzos son importantes, pero sin un marco legal de alcance nacional específico que clarifique los roles y las competencias de las demás entidades del Estado encargadas de prevenir, proteger derechos y garantizar soluciones duraderas, no podrán alcanzar sus objetivos.

Por esta razón, hace más de tres años se presentó la iniciativa de Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia en Honduras, la cual permitiría clarificar los roles y competencias institucionales, fortaleciendo el mandato y las capacidades de las entidades; generando un esquema o estructura institucional de gobernanza sobre el desplazamiento interno; la asignación de recursos, la mejor coordinación de las entidades del nivel central con el nivel local. Así como el abordaje integral de la problemática.

¿Cómo ve la nueva propuesta de ley de desplazamiento?

En el proyecto de ley que se presentó hay un conjunto de medidas integrales de protección orientadas a prevenir las causas que generan el desplazamiento, a proteger y asistir a las personas desplazadas y en riesgo, y a procurar el logro de soluciones duraderas.

Esto se propone mediante la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Respuesta al Desplazamiento Forzado, generando un esquema o estructura nacional de gobernanza sobre el desplazamiento interno.

También se prevé la asignación de recursos, una mejor coordinación de las entidades del nivel central con el nivel local y el abordaje integral de la problemática desde el tratamiento y prevención de sus principales causas, sus efectos en el acceso y goce de derechos humanos, como la educación, la protección del patrimonio abandonado, entre otros.

Además, la promoción de condiciones que permitan a las personas reconstruir sus proyectos de vida para el logro de soluciones duraderas.

Más allá de la discusión técnica, la ley de desplazados sería un mensaje claro de inclusión y afirmación de que las personas que están siendo víctimas de la violencia se ven forzadas a huir y que esto preocupa a la sociedad y a quienes la representan en el Congreso. Enhorabuena los anuncios acerca de la prioridad que se le quiere otorgar.

¿Qué aportes destacaría por parte de la empresa privada y cuáles son los desafíos?

La empresa privada hace parte de las respuestas al desplazamiento forzado. Por una parte, reconocer que el desplazamiento afecta a cientos de familias hondureñas, no solo la fuerza laboral del país.

Por otra parte, la empresa privada puede contribuir al restablecimiento de las condiciones de dicha población, con medidas elementales como la eliminación de estereotipos y discriminación hacia personas que habitan colonias de alto riesgo, que son excluidas de oportunidades laborales por habitar el lugar en el cual residen.

Esta elevada cifra no solo es un número, son vidas que se apagan fugazmente y que muchas veces se vuelven la causa de que otras familias decidan huir de sus hogares con el objetivo de proteger a sus hijas e hijos de las amenazas que enfrentan.

El reclutamiento de menores forzado es inaceptable. Al respecto, el silencio de la sociedad y la ausencia de medidas estructurales para prevenirlo termina generando una de las formas más extremas de desigualdad y exclusión, porque no solo no logra prevenir el hecho, sino que posteriormente termina volcando la acción de seguridad y justicia en contra de las víctimas que no logró proteger

El reclutamiento de menores de edad, niños y niñas será siempre forzado y quienes lo sufren son víctimas. Este hecho es invisible en contextos de violencia y criminalidad. Urge dar un tratamiento similar al que se da en conflictos armados.

¿Cómo evalúa los resultados de los entes persecutores del delito?

El 88% de las personas que se desplazaron por un hecho de violencia no denunciaron el hecho que lo detonó y prácticamente la mitad de los que no lo hicieron señalaron que tenían miedo a sufrir represalias, mientras que un tercio consideró que no sería de utilidad.

La generación de respuestas efectivas frente a los impactos y necesidades de asistencia de la población, la persecución del delito, la reducción de la impunidad, desvinculación de las instituciones que tengan indicios o señalamientos públicos de vínculos con estructuras criminales, entre otros, son mecanismos que pueden apoyar en la reconstrucción de la confianza en la institucionalidad como el elemento clave para garantizar protección.

La tipificación del desplazamiento como tipo penal, contrario a lo esperado, ha sido usado para investigar a víctimas y no a victimarios.

Ha sido erróneamente usado en procesos relacionados con los conflictos de tierras. Es necesario trabajar al respecto más cerca de los cuerpos de investigación y la justicia.

Darle prioridad en la agenda política y de políticas públicas a estas personas en riesgo. Debatir y aprobar un marco legal y administrativo que clarifique competencias en torno a la respuesta al desplazamiento.

Fortalecer la presencia de las autoridades en zonas afectadas por la violencia. La planeación urbana tiene que ser sensible a la violencia. Va más allá de presencia policial.

Es entender cómo la ubicación de un servicio estatal puede borrar una frontera invisible o cómo la participación de la población puede recuperar el espacio que hoy ocupan quienes ejercen la violencia.

Las medidas de prevención, de igual manera, tienen que trascender las medidas existentes en materia de lucha contra la extorsión. Lo que ocurre con comerciantes informales y transportistas es insostenible.

Fortalecer los mecanismos de participación comunitaria para rodear los procesos organizativos de jóvenes y limitar el riesgo de reclutamiento de menores forzado. Erradicar el discurso de odio contra población LGBTI.

211,500 hondureños solicitaron asilo buscando protección internacional en 2021, sobre todo en México y Estados Unidos, según informe de Acnur.

60,000 hondureños solicitaron refugio en el 2021. Con ello, Honduras ocupó la sexta posición en el top de países con mayor cantidad de solicitudes en el mundo.

Las zonas urbanas como el Distrito Central y San Pedro Sula tienen un alto porcentaje de personas desplazadas; sin embargo, también La Ceiba, Choloma, Juticalpa y Catacamas.

Edad: 54 años.

Nacionalidad: colombiano.

Profesión: Abogado.

Pasatiempo: Apasionado por la lectura.

Deporte: Tenis, fútbol (...) realmente recuerdos de la juventud.

Equipo de fútbol: Santa Fe de Bogotá. La Selección Nacional de Colombia y "La H".

Significado de la familia: Es amor, entrega y armonía. La unión más hermosa que la vida me ha dado.

Este es un artículo de la versión impresa de tunota. Lea más noticias relacionadas.

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