"La dictadura Ortega Murillo concedió asilo político al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, quien fue acusado bajo las reglas del debido proceso y condenado a más de diez años de prisión por blanqueo de capitales, demostrando una vez más su decisión de transformar a Nicaragua en un refugio para ladrones, corruptos, asesinos y narcotraficantes", señaló esa agrupación opositora en una declaración.

Monteverde, integrada por dirigentes opositores excarcelados y expulsados de Nicaragua, entre ellos Juan Sebastián Chamorro y Támara Dávila, rechazó de manera enérgica esa decisión de la "dictadura Ortega Murillo".

"La corrupción y el blanqueo de capitales son graves delitos que está socavando la integridad, democracia, institucionalidad y el desarrollo económico de los pueblos centroamericanos. Es por ello que todos los centroamericanos debemos enfrentar y condenar estas prácticas con valentía", argumentó el grupo opositor.

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Asimismo, repudiaron la decisión del "régimen en Nicaragua y denunciamos ante la comunidad internacional la decisión de la dictadura Ortega-Murillo de convertir a nuestro país en un paraíso para delincuentes de cuello blanco".

Asilados

Martinelli, condenado a más de 10 años de prisión y al pago de una multa de más de 19 millones de dólares por blanqueo de capitales, se convirtió el miércoles en el tercer ex jefe de Estado en solicitar asilo en Nicaragua, gobernada por el sandinista Daniel Ortega desde 2007.

Martinelli, de 71 años y que se dice un perseguido político, se unió así a los expresidentes de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), ambos considerados prófugos de la Justicia salvadoreña y a quienes, tras concedérseles el asilo, les fue otorgada la nacionalidad nicaragüense.

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Martinelli solicitó el asilo en la Embajada de Nicaragua en Panamá y le fue concedido de forma expedida por el Gobierno de Ortega, en tanto Funes y Sánchez Cerén lo hicieron en territorio nicaragüense.

Caso de hondureños

El Gobierno de Nicaragua también otorgó la nacionalidad nicaragüense a dos excolaboradores del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), acusado de narcotráfico en Estados Unidos y extraditado a ese país.

Se trata de los ciudadanos hondureños Ebal Jaír Díaz Lupián y Ricardo Leonel Cardona López, ministro de la Presidencia y secretario privado de la Presidencia, respectivamente, durante la Administración de Hernández, quien fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta un juicio por narcotráfico.

La Constitución de Nicaragua establece en su artículo 43 que "los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional". 

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