El Congreso Nacional de Paraguay destituyó al expresidente Santiago Peña Palacios, del Partido Colorado (ANR), luego de someterlo a un juicio político relacionado con la caída de Ueno Bank. La decisión se produjo después de que los legisladores rechazaran su intento de renuncia, por lo que tuvo que enfrentar la votación de ambas cámaras.
Con esta resolución, Peña se convierte en el segundo mandatario elegido democráticamente en Paraguay que pierde el cargo mediante un juicio político desde el fin de la dictadura de Alfredo Stroessner, en 1989. El primero fue Fernando Lugo, separado de la Presidencia el 22 de junio de 2012.
Sin embargo, el proceso contra Peña dejó un hecho particular: consiguió el respaldo unánime de los legisladores presentes en ambas cámaras, una diferencia marcada respecto al juicio político contra Lugo, que generó mayores divisiones políticas.
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Una destitución que marca un precedente en Paraguay
En la Cámara de Diputados, los 78 legisladores que ocupaban sus puestos respaldaron la destitución. Mientras tanto, en el Senado, 44 de sus 45 integrantes participaron en la votación, debido a la ausencia de Enrique Riera, quien había dejado el Ministerio del Interior.
El resultado también llamó la atención porque Peña había gobernado con una amplia mayoría parlamentaria y un respaldo político considerable en ambas cámaras. Pese a esas condiciones, el caso Ueno Bank terminó debilitando su permanencia en el Ejecutivo.
Además, su salida marca otro antecedente en la historia política paraguaya. Se convirtió en el segundo mandatario colorado que no logra completar su período presidencial, después de Raúl Cubas Grau, quien renunció el 28 de marzo de 1999 en medio de la crisis conocida como el Marzo Paraguayo.
Peña también pasó a la historia como el primer presidente paraguayo al que el Congreso le rechazó una renuncia. La oposición argumentó que aceptar su dimisión le permitiría acceder a la figura de senador vitalicio y conservar determinados fueros ante posibles investigaciones judiciales relacionadas con el caso.
El exmandatario había asumido el poder el 15 de agosto de 2023 y permaneció en el cargo tres años, tres meses y 19 días, según el balance del proceso. Su destitución ocurrió cuando todavía faltaban un año, ocho meses y nueve días para concluir el período constitucional.
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