El Estado de Honduras cuestionó este miércoles la audiencia temática celebrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la independencia judicial y aseguró que el organismo convocó el espacio con un "evidente sesgo político", al considerar que reunió únicamente a organizaciones críticas de la actuación estatal.

La embajadora interina de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Marlene Villela de Talbott, presentó la posición oficial del Estado, reiteró el compromiso del país con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y afirmó que Honduras participó en la audiencia "en un espíritu de cooperación y diálogo constructivo".

"El Estado de Honduras lamenta que la Comisión convocara a una audiencia con un evidente sesgo político, reuniendo únicamente a organizaciones que sostienen una posición coincidente y crítica respecto del Estado, excluyendo asociaciones representativas del Poder Judicial, la academia, colegios profesionales y otros actores con visiones diversas sobre la independencia judicial en Honduras", expresó Villela.

La audiencia fue solicitada por organizaciones nacionales e internacionales, que expusieron preocupaciones sobre la independencia judicial en Honduras.

Entre sus principales señalamientos mencionaron el uso del juicio político contra operadores de justicia sin adecuar la legislación a la sentencia del caso Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras, la ausencia de un Consejo de la Judicatura independiente, la concentración de facultades en la Corte Suprema de Justicia y la falta de transparencia en la futura Ley de la Carrera Judicial.

Defensa de los juicios políticos

Durante su exposición, la representante hondureña sostuvo que la audiencia excedió la naturaleza de un espacio de carácter general al incorporar referencias a funcionarios y procesos específicos.

Además, defendió las actuaciones adoptadas por las instituciones hondureñas tras los juicios políticos que derivaron en la destitución del entonces fiscal general Johel Zelaya y de autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Explicó que el Congreso Nacional aprobó en 2026 un régimen transitorio para que las decisiones sobre selección, nombramiento, ascenso y traslado de servidores judiciales fueran adoptadas de manera colegiada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia mientras se instala el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.

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Asimismo, indicó que el pleno de la Corte propuso por unanimidad al magistrado Wagner Vallecillo para presidir el Poder Judicial y que su elección fue aprobada por el Congreso conforme al procedimiento establecido en la Constitución, con el propósito de garantizar la continuidad institucional.

Villela también cuestionó que la Comisión utilizara una audiencia temática para abordar asuntos que, según el Estado, corresponden a procedimientos individuales.

"El Estado reitera que considera especialmente grave que se pretenda utilizar una audiencia de monitoreo para debatir controversias individuales... Esa estrategia desnaturaliza el mecanismo previsto en el artículo 66 del reglamento y procura eludir las garantías procesales aplicables a los procedimientos de peticiones y casos", afirmó.

La respuesta de la CIDH

Al concluir la audiencia, la presidenta de la CIDH rechazó los cuestionamientos formulados por Honduras y reafirmó la competencia del organismo para monitorear la independencia judicial en los Estados miembros.

"Ratificamos nuestro mandato para monitorear específicamente la situación de independencia judicial. Independencia judicial es clave para la democracia y es clave para el ejercicio de cualquier derecho", afirmó.

También respondió a la postura de la delegación hondureña: "Hemos escuchado dos audiencias. Una audiencia de una situación general, de carácter constructivo y preventivo. Y, por otro lado, hemos escuchado de parte del Estado la lectura de un discurso que yo creo que no se adecúa a lo que estuvimos escuchando en esta audiencia, porque no estuvimos hablando de situaciones particulares", concluyó.

La CIDH recordó que la audiencia tuvo carácter temático y que la referencia a hechos concretos buscó ilustrar problemas estructurales relacionados con la independencia judicial, por lo que no constituye un juicio ni una resolución contra el Estado de Honduras.

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