Piedad Córdoba fue juramentada como senadora de Colombia este domingo desde en un hospital de la ciudad de Medellín, donde ha permanecido interna desde el pasado 17 de julio por una baja de presión sumada a otros malestares.

El presidente del Senado, Roy Barreras, tomó el juramento de Córdoba desde la clínica para que esta se integrase bajo ley en el Congreso instalado desde el pasado 20 del presente mes.

"Cumpliendo con la Constitución y la Ley y a petición de sus hijos he juramentado a la Senadora electa Piedad Córdoba en su lugar de hospitalización. Las diferencias políticas no serán en ningún caso motivo para negar derechos constitucionales y legales", escribió vía Twitter.

La funcionaria se posicionó en el puesto por el partido de Gobierno, Pacto Histórico, encabezado por el presidente colombiano Gustavo Petro.

Sin embargo, debido a los "escándalos" que la salpicaban, en plena carrera para conseguir el poder, el pasado abril el mandatario le pidió a Córdoba suspender toda campaña política o actividad en nombre de su candidatura.

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Piedad Córdoba en Honduras

Un mes después de dicha solicitud, la senadora fue portada de medios colombianos y del resto de Latinoamérica luego de ser retenida provisionalmente en Honduras por pretender salir del país con 68 mil dólares sin declarar.

La funcionaria llegó vía aérea al país el 22 de mayo y fue detenida el 25 del mismo mes en el Aeropuerto Internacional de Palmerola cuando iba a abordar un vuelo con destino a Panamá.

Córdoba aseguró que el dinero se lo pagó un empresario colombiano que reside en Honduras por una asesoría.

La ley hondureña permite hasta 10,000 dólares como cantidad máxima de dinero que puede portar una persona justificando su procedencia.

Por ello se requirió a la colombiana, pero el Ministerio Público ordenó el 26 de mayo su libertad tras no encontrar pruebas de lavado de activos en su contra, pero los 68 mil dólares fueron confiscados para su investigación porque "no pudo justificar o demostrar el origen".

  • Otros señalamientos

Córdoba ha sido señalada por ser cómplice de grupos armados luego de ser nombrada por el Gobierno mediadora para la liberación de secuestrados en guerrilla en 2007.

Lo anterior desencadenó que en 2010 la Procuraduría de Colombia la inhabilitará para fungir en cargos públicos, no obstante en 2016 el Consejo de Estado rectificó la resolución.

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