La instalación de una Comisión Internacional para el Combate de la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) toma fuerza luego de que autoridades del Gobierno informaran que ya se ha remitido comunicación oficial a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su secretario general, António Guterres, para gestionar su apoyo y acompañamiento.

Con esto reviven nuevamente las expectativas de la población —opacadas por la abrupta salida de la MACCIH— de encontrar por fin una verdadera estrategia que ponga fin a un flagelo que en las últimas décadas creció de manera acelerada y con tal poderío e influencia, que logró debilitar e infiltrar los órganos de justicia.

El impacto que genera la corrupción en un país tradicionalmente agobiado por la pobreza y la desigualdad es notorio. Todos los días hay algo nuevo que contar: escándalos que tienen entre sus protagonistas a los máximos exponentes de una desacreditada casta política y con efectos que socavan la ya casi inexistente institucionalidad democrática.

Con estos antecedentes nada favorables, la CICIH debe ser el punto de coincidencia entre los diferentes sectores políticos, económicos y sociales para la construcción de una estrategia nacional que investigue, documente, juzgue y castigue con independencia y sin injerencias de ningún tipo.

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En tal sentido, una vez instalada, su agenda debe estar abierta, porque hay casos emblemáticos que deben retomarse obligatoriamente; casos que trascienden administraciones gubernamentales y cuyos procesos se han “engavetado” producto de presiones políticas y económicas.

Para Honduras no ha sido fácil posicionar el tema del combate a la corrupción y a la impunidad como punto central de una agenda de país. Ese trabajo ha costado años de seguimiento y denuncias. No obstante, entre más crece la presión social y de los medios de comunicación para que se haga justicia, más se ha consolidado la oposición de grupos que por décadas han hecho de estos flagelos su modus operandi.

Con la CICIH se espera una nueva etapa de control y limpieza de ilícitos. El destino del país está en juego, pero también el prestigio y credibilidad internacional de la ONU. Por ello se requiere total apertura para que la comisión opere acorde a las normativas nacionales de un sistema de justicia que necesita de fuertes y profundos cambios estructurales. La tarea no es fácil.

Hoy más que nunca, la auditoría pública que pueda hacer la CICIH es fundamental para concretar una lucha eficaz contra el cáncer de la corrupción. Conscientes de que la corrupción limita su desarrollo económico y social, la presión popular debe ser cada vez más enérgica.

Por ahora, la CICIH es la única opción que parece tener el país para enfrentar la corrupción y la impunidad. El gobierno de Xiomara Castro debe garantizar su total respaldo sin importar a quiénes moleste o haga enojar. La mandataria debe saber que esa promesa de campaña que está a punto de cumplir tiene el respaldo de una población víctima del abuso y el irrespeto a la ley por parte de quienes debían ser los primeros en cumplirla y respetarla.

El Gobierno, mientras tanto, debe ir haciendo su parte reformando y derogando leyes que minen la transparencia y la rendición de cuentas, integrando equipos de trabajo orientados a lograr los resultados que la sociedad espera, y obligando a la aplicación de justicia oportuna e imparcial.

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