Reza una premisa que la justicia para que sea justicia debe ser primero independiente, tanto de los poderes del Estado, como de todo y cualquier tipo de influencias e injerencias. Por ello es que con la escogencia de los magistrados del máximo tribunal de justicia, los hondureños, prácticamente, nos jugamos nuestro presente y futuro.

En las manos de los 128 diputados y diputadas que conforman el Congreso Nacional, está, entonces, el presente y futuro de la democracia, gobernabilidad y desarrollo socioeconómico del país. Tan claro lo debemos tener los hondureños!

Pocos asuntos hay en la vida de los hondureños más vitales, importantes y urgentes como la construcción de un poder judicial y un sistema de impartición de justicia, despolitizado, independiente e integrado por jueces idóneos.

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Y en Honduras nada le ha hecho más daño a esa aspiración generacional de tener un sistema de impartición de justicia independiente que la nefasta injerencia partidista que a través de la historia cooptó la escogencia de los jueces y magistrados de la Corte Suprema. Nada ha sido tan dañino, como la corrupción pública o la inacción burocrática, como la injerencia y la politización real de la justicia.

Un sistema de nominación y escogencia permeado por la interferencia de los partidos políticos o por otros poderes del Estado, tal cual ha sido la triste historia de Honduras, condena al fracaso al mismísimo tejido social y económico de una sociedad.

Y la nominación y escogencia de los jueces que imparten justicia, ajena a la meritocracia e idoneidad de los candidatos, nos ha pasado como país una carísima factura, que ha fraccionado el tejido democrático y resquebrajado el estado de derecho. Aquí los políticos nos han hecho un daño terrible, de insospechadas consecuencias.

Convirtieron en una changoneta y una burla la selección de candidatos a jueces y demás funcionarios judiciales basada en méritos personales, idoneidad, confiabilidad, imparcialidad partidista y probada honradez y vocación de servicio. Les valió “charra” el mandato que emana del artículo 303 de la Constitución de la República, que les confiere a los jueces la potestad de impartir justicia sólo y cuando emana del pueblo y que impartirán de manera gratuita en nombre del Estado de Honduras, sometidos únicamente a la Constitución y las leyes. ¿Saben diputados y diputadas de Honduras lo que ustedes tienen entre manos?

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La escogencia de un tribunal de justicia conformado por hombres y mujeres independientes, , correctos y sometidos únicamente a la Constitución y las leyes. Confiables y garantes de los derechos del pueblo hondureño.

Hoy o nunca tienen la oportunidad histórica de una selección transparente, descontaminada, de candidatos idóneos, probos, dignos para desempeñar la función de impartir justicia. Señores diputados y diputadas: este es ahora su tiempo y momento histórico de construir un nuevo orden para entregarle a Honduras, magistrados correctos, idóneos, competentes, sometidos a la Constitución y las leyes, y no a los partidos y poderes del Estado que indignamente los promovieron.