Ya se encuentra en el país una misión exploradora de la ONU, con el objetivo expreso de valorar las condiciones y circunstancias en las que sería instalada la Comisión Internacional para la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), en un plazo de tres a seis meses.

¿Es ésta la oportunidad decisiva para que en nuestro país se implante una verdadera cultura de transparencia en el manejo de los bienes públicos y para que se pida cuentas a los corruptos?

Ha sido un caro reclamo de sectores mayoritarios la presencia de un órgano externo provisto de las suficientes herramientas para acompañar al Estado en el adecentamiento de la gestión pública.

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Porque los intentos para descontaminar la administración estatal han fracaso estrepitosamente. Nuestras instituciones, tanto las que tienen la atribución de perseguir el delito, como aquéllas que están obligadas a condenar a los corruptos, no han cumplido con su cometido; han sido cómplices de los «pactos de impunidad«.

El Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia se consolidaron en todos estos años en un «triángulo que propicia y tolera la impunidad», tal y como lo ha descrito crudamente el Consejo Nacional Anticorrupción.

Consuetudinariamente, quienes asumieron la conducción del país se apropiaron de un falso discurso respecto a librar una batalla en pro del ejercicio limpio del poder depositado por el pueblo.

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En el fondo, los compromisos asumidos por nuestros gobernantes han sido nominales, mas no cimentados sobre una genuina voluntad política de «cero tolerancia» hacia los «deshonestos«.

La podredumbre, muy enraizada en nuestro país, nos ha despojado a los hondureños de al menos 3,000 millones de dólares, unos 75,000 millones de lempiras, cada año. Es una fortuna que acaba en manos de los «inescrupulosos», pero que tendrían que ser invertidos en los renglones preeminentes de salud, educación y seguridad.

Las iniciativas planteadas para desarmar las redes de la corrupción han terminado por ser abortadas, frustradas y malogradas, en razón de que han prevalecido las tretas de los «inmorales», para cuyas intenciones han entrado en «contubernio» con los entes responsables de hacer que se respete el imperio de la ley.

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Los llamados «delincuentes de cuello blanco» se han valido de las más diversas «maquinaciones» para hacer fracasar la lucha contra la corrupción. Están frescos en la memoria colectiva todos los valladares colocados para que la MACCIH falleciera y que el acompañamiento de la cruzada por la transparencia quedara reducido a nada.

El anhelo de los hondureños es que esta vez la acometida contra la inmoralidad en la administración del Estado se lleve a buen término, con el respaldo de la CICIH.

¡Que los «indecentes» nunca más vuelvan a gozar de impunidad para quedarse con el dinero y los bienes que le pertenecen al pueblo, porque esta práctica ha ido socavando la institucionalidad de Honduras!

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