Se proyecta que el Producto Interno Bruto apenas crecerá en tres o cuatro por ciento, si no es que menos; las reservas internacionales descendieron hasta 7,800 millones de dólares; el déficit fiscal está previsto en cerca de cuatro por ciento y la deuda pública externa se sitúa en 9,400 millones de dólares.

El desmedido gasto de los recursos en el pago de remuneraciones a los empleados y funcionarios de la Administración Pública, y no la contención del gasto, es el patrón impuesto.

Para 2023 está programada la erogación de 90,000 millones de lempiras para alimentar el aparato de más de 200,000 servidores públicos, un aumento de 8,700 millones de lempiras respecto al período 2020-2021, destinados a satisfacer la voracidad gubernamental.

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Sobre la gigantesca burocracia incrustada en Honduras, es particularmente cuestionable que activistas de oficio estén saturando los cargos en las instituciones técnicas, en detrimento de las tareas especializadas y calificadas que les son inherentes.

En dichas entidades, la repartición de empleos ha crecido en tal proporción que mensualmente se destinan entre seis y cerca de 70 millones de lempiras para la masa salarial. ¡Cuánto dinero dilapidado en un país tan pobre!

Mucho se ha polemizado acerca de las sumas estratosféricas que ganan un grupo de burócratas. Es un “vergonzoso despilfarro de fondos”.

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Es un tema que ha estado en el radar de los grupos de opinión crítica. Así, entonces, se ha hecho caer una tormenta de reproches, en especial sobre medio centenar de funcionarios que ganan arriba de 150,000 lempiras mensuales.

En puras declaraciones ha quedado la promesa de las autoridades que tomaron posesión en enero de 2022 de racionalizar los altos sueldos que van desde los cien mil hasta los 340,000 lempiras, mientras el resto de la población apenas recibe el salario mínimo o sobrevive en la economía informal, si es que no agoniza por falta de empleo.

No tenemos conocimiento que se hayan introducido iniciativas que conduzcan a eliminar los abusos en el otorgamiento de sueldos y salarios a los funcionarios de nivel superior o intermedio que prosperan y se multiplican en el servicio estatal.

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Ignoramos, de la misma manera, si está en elaboración alguna propuesta de austeridad, verdadera y no maquillada, que haga posible adelgazar la masa salarial y amortiguar su peso sobre el Producto Interno Bruto del país.

Los contratos colectivos, reglamentos o normativas especiales que contienen privilegios desmesurados de efectos graduales para cierta clase de servidores públicos, deberían ser suspendidos o replanteados; son un mal parto.

La masa salarial tiene un impacto ruinoso para la economía, crea clases privilegiadas y provoca un gran desequilibrio en la gestión pública.

Honduras necesita un gobierno pequeño y eficiente que esté en concordancia con las maltrechas finanzas nuestras.

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