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Un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) señala que, en el marco del estado de excepción, las horas de la madrugada son las favoritas de los agentes del Estado: policías y policía militar para cometer las más graves y preocupantes violaciones a los derechos humanos en contra de las mujeres y menores cuando realizan sus allanamientos “persiguiendo” a la delincuencia. Son las horas de la impunidad.
“Entre cantos de gallos y la medianoche”, las fuerzas del orden aprovechan para hacer un uso desproporcionado de la fuerza en contra de este sector poblacional vulnerable, y en el caso de las mujeres, si éstas se encuentran solas en sus viviendas, la estrategia de miedo e intimidación domina el escenario.
Eso denunciaron decenas de mujeres ante el CONADEH que, en su último reporte sobre el estado de excepción, elevó su voz de protesta ante el alarmante abuso de violaciones de los derechos humanos cometidos por estos cuerpos del Estado.
La policía antimaras y pandillas, la policía nacional, la policía de investigación y la policía militar de orden público, resaltan entre las más agresoras y violadoras de los derechos humanos con preocupantes niveles de violencia y arbitrariedad, según señala la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre.
A un año del estado de excepción, cuya prórroga parece interminable, la preocupación de Izaguirre es compartida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), al afirmar en su último informe de situación de país, que bajo el estado de excepción las fuerzas del orden tienen facultades más allá de lo debido, y su prolongación se ha hecho sin que se haya justificado “su necesidad, proporcionalidad e idoneidad”.
El OACNUDH señala que las principales violaciones cometidas al amparo del estado de excepción han sido atribuidas a la policía antimaras y pandillas, y la policía militar. Destacan que existen 7 casos que podrían constituirse como desapariciones forzadas, cinco ejecuciones extrajudiciales, cuatro de tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes, entre otros, resaltando incluso la implantación de pruebas.
Las quejas y denuncias sobre los excesos y abusos no son nuevas, pero todo indica que van escalando a vista y paciencia de la autoridad, que, ante las cifras y los hechos, responde con intimidaciones o amenazas hacia quienes critican, advierten o proponen estrategias más constructivas y colectivas para afrontar la violencia y la inseguridad.
La OACNUDH resalta el caso de un joven de 20 años presuntamente desaparecido por la policía antimaras y pandillas, su familia puso la denuncia ante el MP y obtuvo como resultado amenazas. Según este organismo, la carencia de un registro único de personas detenidas impide controlar la legalidad de las detenciones. Los abusos están a flor de piel.
Los allanamientos se ejecutan a discreción, y muchos de ellos se realizan sin una orden judicial. Cuando entran a las viviendas por la fuerza, rompiendo lo que hay y tirando lo que encuentran, el miedo se impone, y con él, las horas de impunidad, interminables y violentas, según las denuncias.
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