La joven que murió en una celda policial, bajo la custodia y protección del Estado, era Keyla Martínez, cuya muerte quiso ser implantada por la policía como “un suicidio” con versiones alteradas de partes forenses que ratificaban su hipótesis, pero el Ministerio Público les botó la historia y en su investigación comprobó que Keyla Martínez, no se suicidó, sino que fue asesinada en esa celda por miembros de la fuerza del orden.

La historia dio otro giro y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) en su pronunciamiento dijo que se estaba frente a una potencial ejecución extrajudicial e invocó el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas.

“De acuerdo con el Protocolo de Minnesota, las investigaciones deben orientarse a identificar no solo a los autores directos, sino también a todos los demás responsables de la muerte, incluidos los funcionarios de la cadena de mando que fueron cómplices en ella”, señaló el OACNUDH.

El asesinato de Martínez fue un caso de impacto, las autoridades de Seguridad de ese entonces se movieron para buscar equipos legales que les asesoraran para “minimizar daños” si el caso pasaba a instancias internacionales. Había que agotar lo que fuera posible para sacudir al Estado de esa responsabilidad.

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Así se presentó a uno de los culpables, el policía Jarold Rolando Perdomo Sarmiento, sentenciado finalmente a cinco años de cárcel por el asesinato de la joven. Pero la historia para llegar a esa sorprendente sentencia está precedida de batallas legales que configuraron una historia de complicidad e impunidad en la llamada casa de la justicia de Honduras: el poder judicial.

El Ministerio Público acusó al policía López del crimen bajo la figura de femicidio agravado, pero en los juzgados, el tribunal de sentencia que conoció el caso quitó ese delito y lo tipificó como “homicidio imprudente” que hoy lo tiene con un pie fuera de la cárcel, de acuerdo con el nuevo código penal.

La madre de Keyla Martínez ha tipificado la sentencia como una burla, un ejemplo de que justicia sigue picando a la gente de pies descalzos. Se anuncian apelaciones y reclamos ante instancias internacionales.

La sentencia por el crimen de Keyla es una bofetada al movimiento feminista y de derechos humanos, una bofetada a los femicidios y muertes violentas de mujeres.

Keyla murió bajo la custodia del Estado y su asesino obtuvo cinco años, cortando así la cadena de complicidad que hubo en este crimen y lo que habría sido una inminente condena contra el Estado por ejecuciones extrajudiciales.

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