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En medio de una huelga de fiscales por salarios, que entre sus medidas extremas decidió suspender las autopsias, el cuerpo de una joven era encontrado en su casa de habitación bajo la apariencia de un suicidio, pero a medida que se conocían detalles del caso, surge la hipótesis de un homicidio, en el cual podría estar implicado presuntamente su pareja sentimental: un alto oficial de las Fuerzas Armadas.
La joven, identificada como Ana Hernández, laboraba en una dependencia de la Policía Nacional. Su familia presiona por una investigación a fondo sobre las causas de su muerte para descartar un suicidio o un homicidio.
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Las historias alrededor de la relación de la joven y su pareja militar se han disparado en las redes sociales con imágenes que buscan colocar en el imaginario colectivo la hipótesis de “culpabilidad” de la víctima, revictimizando así su tragedia.
La familia y sus vecinos tuvieron que salir a las calles y paralizar el tráfico—algo muy frecuente en este país—para presionar por la autopsia, ante la indolencia de una huelga fiscal que parece tener un trasfondo más allá de lo salarial.
Los huelguistas han quitado el derecho a la población a enterrar sus familiares con dignidad, obligando a sus parientes a levantar sus cuerpos y llevárselos porque no hay quien diagnostique cómo y por qué murieron.
La sociedad no debe acostumbrarse a ese doloroso espectáculo de” cargar con sus muertos” ante la ausencia de autoridad; el conflicto debe llegar a su fin con justicia para todos.
La tragedia de Ana Hernández solo fue el detonante de una situación que no se debe repetir en este país, nadie por encima de la ley.
Su familia tuvo que penar casi una semana para que su cuerpo tuviera una autopsia que, revelará, en el plazo debido, las causas de su muerte, mientras le dan un terraje decente, mientras los suyos ejercen su derecho al duelo.
La tragedia de Ana Hernández revela también cómo alrededor de su desgracia se tejen las historias que buscan generar morbo, desviar la atención y salpicar cualquier proceso de investigación.
Es el ejemplo de otras historias que implican a mujeres víctimas de la violencia, como fue el caso de la joven Keyla Martínez, de quien se quiso asegurar se había suicidado, cuando lo cierto es que fue asesinada en una celda carcelaria; es decir, cuando estaba bajo la custodia del Estado.
Es la historia de cientos de mujeres asesinadas en este país, bajo el manto de la impunidad, y cuya muerte busca ser justificada porque no “vestía adecuadamente”, porque era “infiel”, porque andaba “en malos pasos” o porque era “sapa (oreja)” de determinado grupo criminal. Es el discurso de justificar para no investigar. Eso debe acabar.
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