La inestabilidad en el precio internacional del petróleo provoca sobresaltos en nuestro país, donde se ha desatado una brutal espiral inflacionaria como producto de la elevación desproporcionada en el valor doméstico de los derivados del crudo.

La mayoría de la población que está sumergida en la pobreza es la más afectada por la escalada en el costo de la vida. Los hondureños en esta condición resienten que la compra de alimentos y la contratación de servicios se ha vuelto sencillamente inalcanzable.

La inflación interanual es de más de seis por ciento y podría llegar a dos dígitos al término de este año, si las condiciones adversas persisten. Está anunciado un nuevo ajuste en la factura de energía eléctrica y se mantiene la amenaza de una subida en el costo del transporte. Ganarse la vida se presenta como un asunto "cuesta arriba" para casi todos los hondureños, particularmente para aquéllos que no tienen fuentes de ingreso.

Las dificultades no terminan ahí. En el aparato productivo se ha generado una alarma, a resultas de los pronósticos sombríos que muestran una baja en la cosecha de granos básicos.

Los agroindustriales y los labriegos han proyectado que en el presente ciclo el área cultivada se reducirá en unas 15,000 hectáreas, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria y nos coloca, inclusive, al borde de un desabastecimiento de los bienes primarios de consumo.

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¿Y quién dice que una parte significativa de la población, la que se encuentra en extrema pobreza, no sufra los efectos de una escasez de alimentos o de una hambruna?

En este escenario tempestuoso, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), ha planteado la creación de una mesa en la que se exploren todas las posibilidades para responder a la aguda crisis económica y social que abate al país.

Ese análisis que ha propuesto la iniciativa privada conduciría a la elaboración consensuada de un plan de emergencia que contenga las medidas mínimas que tendríamos que adoptar con inmediatez y oportunidad.

Los funestos vaticinios de entendidos, indican que el costo del barril del crudo podría llegar a los 150 dólares, una eventualidad que nos obligaría a revisar a la baja las proyecciones de crecimiento económico de nuestro país y que, consecuentemente, provocaría mayores obstáculos para generar riqueza y aliviar la pobreza.

Para nosotros es apremiante que sea formulada y puesta en vigencia una agenda que contenga disposiciones orientadas a amortiguar los efectos directos de la convulsiva industria petrolera, uno de ellos la inflación, quizá el peor castigo para la población.

Porque, salvo algunas disposiciones vinculadas con la rebaja en el precio de los derivados del petróleo y el otorgamiento de subsidios en la factura de energía eléctrica, no se delimitaron hasta ahora las bases de una estrategia que haga posible abordar las eventualidades económicas que nos castigan con severidad.

Convenimos en que necesitamos hacer esfuerzos conjuntos, a efecto de reducir el impacto de los movimientos petroleros externos con todas las consecuencias que acarrean. Están bajo amenaza la paz social, el ordenamiento de las finanzas y la estabilidad económica. ¡Hay que intervenir ya!