En medio de la complejidad de las acostumbradas y acaloradas discusiones políticas, los desacuerdos son a menudo una vía de acceso a negociaciones matizadas por amplios debates y diversidad de opiniones a través de las que se pueden concertar oportunidades de progreso y transformación para diversos sectores, sin embargo, cuando los desacuerdos trascienden el respeto, la tolerancia y derivan en actos de violencia, los resultados pueden ser devastadores, especialmente en países pobres como ya hemos visto en Guatemala, Nicaragua, Ecuador o Venezuela por mencionar algunos.

La intolerancia y los intereses partidistas exacerbados son enemigos declarados de la democracia y el desarrollo, y en naciones con economía frágil y con altos índices de inseguridad y pobreza, la violencia política agrega una carga adicional a la lucha diaria de las personas por mejorar su condición de vida.

Los políticos hondureños no pueden ni deben caer en este gran error, las disputas partidistas que se tornan violentas crean un ambiente de inestabilidad que ahuyenta la inversión y afecta negativamente en el bienestar y la estabilidad de los ciudadanos que en lugar de ser favorecidos terminan siendo víctimas de un ciclo interminable de conflictos que desmejoran la paz social.

Si bien los desacuerdos políticos son una parte natural de la democracia, cuando se cruzan los límites y se convierten en violencia, se deteriora la confianza en las instituciones democráticas y la ciudadanía empieza a percibir a los políticos como enemigos, en lugar de servidores públicos que trabajan por el bienestar común.  

 Otro extremo peligroso de la violencia política es que puede rápidamente hacer ver como normal la represión de manifestaciones y protestas, ya sea por parte de los cuerpos de seguridad del Estado o por grupos de choque, como ya ha venido sucediendo con enfrentamientos que violentan los derechos y libertades civiles y que buscan a toda costa silenciar la voz de la oposición.

En este contexto, la tarea de legislar y desarrollar el país se vuelve una misión cuesta arriba, la falta de consenso y la polarización son un permanente obstáculo en la aprobación de leyes y políticas enfocadas en los problemas reales de la población. 

Lejos estará el país de encontrarse con un panorama de mejoría mientras su clase política se mantenga atrincherada en sus posiciones extremas en lugar de buscar puntos en común y soluciones consensuadas, los caudillos de la política hondureña han priorizado sus intereses al bienestar de la nación, muestra de ello es la parálisis legislativa y el estancamiento de las instituciones estatales.  

Para superar la violencia política, es esencial promover el diálogo y la tolerancia entre los líderes políticos, dejar de lado los intereses de partido y trabajar juntos en beneficio de la nación, en este plano es fundamental la gestión que se pueda hacer desde las organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación y comunidad internacional a fin de presionar por la construcción de consensos.

En síntesis, la violencia política es un obstáculo formidable en el camino hacia el desarrollo de Honduras y las partes en conflicto deben entender de una vez por todas que solo mediante el respeto mutuo, la tolerancia y el compromiso con el país, se pueden superar las diferencias y allanar el camino hacia un futuro más promisorio, el costo humano y económico de la violencia política es demasiado alto para ignorarlo.