Desde hace poco más de seis meses nuestras autoridades han anunciado la implementación de una reforma fiscal que ellos llaman Ley de Justicia Tributaria; sin embargo, desde ese entonces no se conoce más información sobre esta reforma más allá de lo transcendido en medios de comunicación, donde se ha mencionado que la ley irá orientada a cobrarle más a los “más ricos” y en la revisión y/o eliminación de los regímenes fiscales especiales mejor conocidos como “exoneraciones fiscales” bajo la desafortunada excusa de autoproclamarnos “paraíso fiscal” sin importar las implicaciones que esto tiene y la incertidumbre que causa alrededor de estas reformas.

Si bien, es importante que tanto el marco normativo como la institucionalidad que rigen nuestro día a día deban ser constantemente revisados y modernizados para evitar caer en el absolutismo que imponen la realidad del siglo 21 constantemente cambiante.

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Cómo se realicen estas modernizaciones y cuáles son los mensajes que enviamos al mundo son igual de importantes; hasta ahora, los mensajes enviados no han sido claros ni certeros.

Pasamos de una declaración de un Estado de Emergencia Fiscal y Financiera por encontrar un “país quebrado”, a incrementar el presupuesto general del país es más de 100 mil millones de lempiras en menos de un año; de decir que en Honduras los “más ricos” no pagan impuesto a decir que se recaudó el 121.5 % de la meta de impuestos para 2022; de que los pobres son los que más pagan a decir que el impuesto sobre la renta se incremento en 101 % durante el 2022 y a decir que la deuda es insostenible al aprobar más de 2,000 millones de dólares en endeudamiento durante un año; reflejando un doble discurso fiscal.

Cuando hablamos de lograr un sistema fiscal equitativo, justo y progresivo, lo debemos hacer en el más amplio sentido de las palabras y esto incluye, por un lado, revisar y ordenar la casa a fin de mejorar los controles, el monitoreo y el seguimiento de las políticas fiscales implementadas, pero también de agilizar los trámites fiscales a personas naturales y jurídicas, a realizar las devoluciones de créditos de manera oportuna, a incentivar la cultura tributaria y evitar caer en la persecución fiscal bajo el afán de incrementar los ingresos tributarios del país.

Es imperativo mencionar que una reforma fiscal que no vaya acompañada por una revisión y mejoría en la calidad del gasto, transparencia fiscal, rendición de cuentas y objetivos claros para lograr la prosperidad de los hondureños, no alcanzará para lograr el sistema fiscal progresivo del que tanto hablan nuestras autoridades, porque la faja nos la tenemos que socar todos, empezando por el Gobierno.

Finalmente, pero no menos importante, es absurdo pensar que las finanzas del Estado la podemos seguir sosteniendo las 258 mil personas naturales y jurídicas que pagamos impuestos en el país.

Es urgente priorizar los mecanismos para ampliar la base de contribuyentes, dando los incentivos necesarios para formalizar ese 70 % de economía informal. De lo contrario, seguiremos cargando de impuestos a los que ya pagamos o como dice mi abuela: seguiremos pescando en peceras.

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