Honduras gastó millones de dólares en radares que no funcionan. Y aunque parezca un asunto técnico, es mucho más que eso: es el retrato de un país que prefiere la ceguera antes que enfrentarse a su propia verdad.

En 2014, el gobierno de Juan Orlando Hernández anunció con bombos y platillos la compra de radares israelíes, dentro de un paquete de más de 25 millones de dólares financiado con la llamada Tasa de Seguridad Poblacional. Aquella inversión se vendió como la solución para cerrar el espacio aéreo al narcotráfico y demostrar soberanía. Hoy, más de una década después, la realidad es amarga: equipos inservibles, cobertura deficiente y denuncias de sobrevaloración y corrupción que nunca se esclarecieron.

La gravedad quedó expuesta fuera de nuestras fronteras. Fue la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien aseguró que existe un puente aéreo mediante el cual el régimen venezolano paga para utilizar el espacio aéreo de Honduras. La reacción no se hizo esperar: el jefe del Estado Mayor Conjunto, Rossvelth Hernández, salió al paso diciendo a los medios que había una vigilancia aérea efectiva contra el narcotráfico. Pero en la misma frase se derrumbó la ilusión: en Honduras no existen radares para combatir este flagelo, “solamente uno”.

Los radares debían blindar nuestro espacio aéreo, impedir que Honduras siguiera siendo cielo abierto para el narcotráfico, detectar los vuelos que cruzan con cocaína rumbo al norte. Pero la historia se repite: se compran equipos caros, y al poco tiempo dejan de operar, quedan obsoletos o nunca se usan plenamente.

La pregunta es obvia: ¿cómo es posible que en pleno 2025 sigamos sin ver lo que ocurre sobre nuestras cabezas? Cada avión que atraviesa impune es una prueba más de que el Estado falla, de que las prioridades son otras, de que la corrupción y la negligencia pesan más que la seguridad nacional.

Y esa ceguera no se limita al aire. Honduras no ve, o no quiere ver a sus maestros desplazados por la violencia, a sus barrios controlados por maras, a sus campesinos expulsados por el hambre y la falta de tierra. No ve cómo la democracia se desangra con un proceso electoral que desde marzo genera sospecha.

El caso de los radares refleja una realidad incómoda: un país con limitaciones para anticipar y enfrentar aquello que lo daña, donde las respuestas suelen quedarse cortas. Mientras tanto, el crimen organizado aprovecha esas debilidades.

Honduras necesita recuperar la vista. Porque el peor peligro no son los aviones que no detectamos, sino la resignación de un pueblo que se acostumbra a vivir en la oscuridad. Abrir la vista aún es posible: mirar de frente lo que nos debilita es el primer paso para recuperar la dignidad y construir un país donde el crimen ya no vuele impune sobre nuestras cabezas.