Los nacionales que han sido “puestos en predicado” han salido en su defensa con argumentos de diversa índole, en tanto distintos referentes de opinión pública han llamado la atención sobre el mensaje explícito de la Lista Engel en cuanto a la interferencia de los corruptos en la justicia.

Indistintamente de la proclamación de inocencia de parte de los señalados por el Departamento de Estado, es una vergüenza para nuestro país que una gruesa nómina de servidores públicos, exfuncionarios, diputados y algunos empresarios sean identificados con nombre y apellido como protagonistas de un triste como infame capítulo de corrupción e Impunidad en Honduras.

En apego a esta escala de valoraciones, nuestro país es retratado como un nido de podredumbre, donde la justicia está intervenida, la impunidad es un imperio, la gestión gubernamental es un mercado negro y las instituciones están carcomidas.

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¿Es así? De nadie es desconocido que la falta de transparencia ha hecho metástasis en nuestro país, en la medida en que erosiona las instituciones, destruye los principios del buen gobierno, contamina los valores de la democracia acaba con las posibilidades de ascenso social y provoca un verdadero sismo económico.

Tenemos a la vista los efectos de la corrupción en nuestro país: las pérdidas económicas rondan 65,000 millones de lempiras al año y la pobreza se ancló en 74 por ciento con tendencia al alza.

La competitividad y la productividad se fueron al piso, la capacidad de generación de empleos no existe, la confianza en las instituciones se hizo pedazos y la población perdió la esperanza en el país, tanto así que unos 1,200 nacionales emigran al día irregularmente hacia Estados Unidos.

Nuestra clase política, en contubernio con sus socios –algunos inversionistas y otros personajes siniestros ligados con el crimen organizado- les ha colocado trabas a los esfuerzos encaminados a luchar por la transparencia.

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Esto queda demostrado con los obstáculos puestos a la instalación de la CICIH, aunque en sus declaraciones los políticos proclaman falsamente su compromiso de batallar contra la corrupción y la impunidad.

En el fondo, la consigna de los grupos de poder es mantener sus privilegios y consolidar el actual orden de cosas. Así quedó evidenciado en el pasado reciente, cuando los corruptos dieron un golpe bajo, establecieron pactos de impunidad y precipitaron la salida de la MACCIH.

Los hondureños necesitamos dar un giro, no hacia trasnochadas ideologías, sino hacia la transparencia y la rendición de cuentas, todo lo cual pasa por la persecución del delito, el imperio de la ley, la recta impartición de justicia y la batalla sin cuartel contra el cáncer de la corrupción sistemática que nos corroe.

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