Que la democracia cuesta y que vale la pena financiarla es una apreciación discutible, para un país como Honduras por ejemplo, con altísimos niveles de pobreza extrema y con la generalidad de su población viviendo en una profunda crisis social, este costo es sumamente oneroso. En nombre de la democracia el país se ha gastado miles de millones de lempiras para crear y mantener a una clase política y gubernamental cada vez más ineficiente, sacrificando recursos que bien pudieran invertirse en sectores de atención prioritaria como salud, educación, seguridad o combate a la pobreza.

La democracia hondureña presenta serias inconsistencias que aunque conocidas y ampliamente discutidas, no se les ha querido poner atención por parte de los tomadores de decisiones que por supuesto, son los mismos malos políticos interesados en mantener un estado débil y fácilmente manipulable, pero curiosamente, tampoco ha sido un tema de interés para sectores gremiales, de la empresa privada y otros de sociedad civil.

Para resucitar a la moribunda democracia hondureña se debe comenzar con un proceso de reformas políticas que permitan al país optimizar recursos, elegir a los correctos mediante la verdadera validez del voto y simplificar la acción de gobernar, reformas puntuales que cambien de una vez por todas el tradicional y obsoleto esquema de elección popular y que vayan  más allá del interés de representatividad de los partidos políticos.

Es urgente una reforma orientada a despartidizar las Mesas Electorales Receptoras (MER) y que no sean los partidos políticos los que asignen los representantes en las mismas, sino desde las diferentes organizaciones de sociedad civil, con ciudadanos que no tengan absolutamente ninguna afinidad con partido o candidato en particular. Con la despolitización de la mesa electoral se corta el tráfico abusivo de credenciales y el manipuleo de actas.

Esta no es una exigencia nueva, recuérdese que en agosto del 2011, se presentó una propuesta para “ciudadanizar” las mesas electorales con el fin de transparentar resultados. Es inadmisible que mientras todos los análisis y estudios coinciden en que “la trampa” está en las mesas, hasta ahora no exista voluntad política para proceder a una reforma que ponga fin a permanentes denuncias de fraude, manipulación de resultados, debilidad institucional e ilegitimidad democrática.

Por otro lado ya va siendo tiempo de pensar seriamente en reducir el número de diputados en el Congreso Nacional, la historia de este Poder del Estado nos demuestra que 128 escaños son demasiados para el poco trabajo legislativo, países vecinos como El Salvador (84 diputados), Costa Rica (57) y Nicaragua (92) demuestran que no es necesaria una cámara parlamentaria tan numerosa.

Hay quienes por años han pasado por el hemiciclo y no han presentado un tan solo proyecto de ley, tampoco han participado de discusiones trascendentales y su trabajo se ha limitado  a sentarse y levantar la mano cuando la ocasión amerita.

Hace algunos años se planteó la posibilidad de la elección de diputados por distritos electorales como un mecanismo que garantiza una integración parlamentaria más equilibrada y en donde el elector pueda sentirse verdaderamente representado, valdría la pena considerarlo.

Quien diga que la democracia es el mejor sistema para eliminar la pobreza y alcanzar el desarrollo de los países no se ha percatado de la realidad hondureña, en las últimas cuatro décadas se agrandó el Estado y se multiplicó la crisis producto de la injerencia de ciertos grupos cuya intensión es mantener un sistema acorde a sus intereses. No transitar por la ruta de la reforma político electoral implica llevar al país a un punto de riesgo, con una democracia frágil, moribunda, carente de transparencia, legalidad y representatividad.

@aldoro / aldoromerohn@gmail.com