Cuando se discute el rol del Estado en la construcción de una sociedad moderna, el debate suele desviarse rápidamente hacia modelos ideológicos abstractos o hacia la copia parcial de experiencias extranjeras, muchas veces comprendidas de forma incompleta. Se habla de “más Estado” o “menos Estado” como si el desarrollo dependiera únicamente del tamaño del aparato estatal, cuando la evidencia histórica demuestra que el verdadero problema no es cuánto Estado se tiene, sino qué tan bien funciona.

Debemos basarnos en una idea sencilla: el Estado en una sociedad moderna no puede ser ni extremadamente grande ni reducido.

Debe contar con la fuerza, la energía y la eficiencia suficientes para cumplir sus funciones esenciales, sin convertirse en un obstáculo para el desarrollo económico ni en una amenaza para los derechos y libertades individuales. Un Estado moderno no es omnipresente, pero tampoco es ausente; es capaz.

Si se observan con atención los modelos que efectivamente funcionan, aparece un patrón común. Ninguna sociedad próspera se ha construido con un Estado débil, incapaz de garantizar seguridad, justicia, educación e infraestructura.

Pero tampoco existen ejemplos exitosos de Estados que, al concentrar excesivo poder, asfixien la iniciativa privada, limiten la creatividad individual o vulneren libertades básicas. El desarrollo moderno surge del equilibrio entre capacidad estatal y libertad individual.

Un ejemplo citado es el de los pases escandinavos. Se trata de Estados robustos, con alta capacidad fiscal y administrativa, donde la ciudadanía puede llegar a pagar impuestos cercanos al 50 % de sus ingresos.

A cambio, el Estado provee servicios públicos de altísima calidad, como seguridad, salud, educación y sistemas de bienestar social sólidos. Lo interesante es que, aunque muchos de estos países se autodefinen como socialdemócratas, el manejo de la economía es profundamente libre y competitivo.

Las empresas operan en mercados abiertos, con reglas claras, sin necesidad de destinar recursos adicionales para suplir carencias básicas que el Estado ya cubre eficientemente.

Este punto es clave: cuando los servicios fundamentales están garantizados dentro del sistema, ni las personas ni las empresas necesitan desviar recursos hacia seguridad privada, salud o educación.

Esto libera capital y energía para la inversión, la innovación y la productividad, permitiendo sociedades altamente competitivas sin renunciar a la equidad ni a la cohesión social. El Estado cumple su función sin sustituir al mercado, y el mercado genera riqueza sin romper el tejido social.

En un plano más cercano, el caso de Costa Rica también resulta ilustrativo. Se trata de un Estado con mayor protagonismo que el hondureño, en la provisión de servicios como salud, educación y bienestar social, así como también en sectores estratégicos como telecomunicaciones, generación eléctrica e infraestructura.

Este mayor rol estatal no ha impedido el desarrollo empresarial; por el contrario, Costa Rica ha logrado construir un sector privado más dinámico, diversificado y competitivo, atrayendo inversión extranjera y posicionándose mejor en cadenas de valor regionales y globales.

Esto demuestra que un Estado con presencia no es necesariamente un enemigo del mercado, siempre que actúe con eficiencia, reglas claras y visión de largo plazo.

El problema opuesto aparece cuando el Estado es excesivamente débil. En estos casos, lejos de garantizar libertad y desarrollo, lo que surge es un entorno donde los más fuertes imponen sus condiciones, se profundizan las desigualdades y se normalizan abusos de unos ciudadanos sobre otros. Un Estado sin capacidad real no corrige asimetrías de poder, sino que las deja crecer sin control.

Un caso regional relevante ha sido el de Guatemala, que durante décadas contó con un Estado extraordinariamente débil, con muy baja recaudación fiscal y escasa capacidad para regular las fuerzas económicas y sociales.

El resultado fue que, a pesar de ser un país con mayor ingreso per cápita que Honduras, presentaba indicadores de salud y educación inferiores a los nuestros hasta la década de 1990.

A partir de ese período, el fortalecimiento gradual del Estado permitió mejoras sostenidas en estos indicadores, confirmando que el crecimiento económico, sin capacidad estatal, no se traduce automáticamente en desarrollo social.

Un ejemplo distinto, pero igualmente ilustrativo, es el de Estados Unidos. Con una carga fiscal más baja y una provisión de servicios públicos menor que la de otros países desarrollados, el Estado estadounidense mantiene, sin embargo, una enorme capacidad institucional y de proyección de poder, tanto interna como externamente.

Esto demuestra que un Estado puede ser limitado en tamaño, pero fuerte en autoridad, legalidad y capacidad de acción, garantizando reglas claras y estabilidad para el desarrollo económico.

La lección central es clara: un Estado grande e ineficiente es tan dañino como un Estado pequeño y débil. El desarrollo no depende de ideologías rígidas, sino de la capacidad del Estado para cumplir bien su función.

Un Estado moderno debe concentrarse en garantizar seguridad jurídica, invertir en educación y capital humano, desarrollar infraestructura, fortalecer la justicia y reducir cargas administrativas innecesarias. Debe saber dónde intervenir y, sobre todo, dónde no hacerlo.

En definitiva, construir una sociedad moderna exige un Estado capaz, eficiente y legítimo, que ejerza su autoridad sin arbitrariedad y entienda que su fortaleza no proviene del control excesivo, sino de la confianza que genera.

No es un fin en sí mismo, sino una herramienta al servicio del desarrollo, la libertad y el bienestar colectivo. Ese es el desafío central para Honduras si aspira a dejar atrás el subdesarrollo y avanzar hacia una sociedad más próspera y moderna.