Los empresarios y los trabajadores están convocados para este día, en un último esfuerzo por llegar a un acuerdo sobre el salario mínimo y que, seguramente fracasará, porque las partes admitieron desde la semana recién pasada que la negociación ya fue agotada. Lo que corresponde ahora es dar por cerrado el proceso y trasladar al Ejecutivo la decisión final.

La extraordinaria coyuntura por la que atravesamos nos lleva a reflexionar sobre varios puntos que son pertinentes con la relación que debe existir entre generación de empleo, estructura de salarios y productividad.

En principio de cuentas, hay que considerar que Honduras es uno de los países más impactados por la contingencia sanitaria. Su Producto Interno Bruto -muy vinculado con la productividad- retrocedió diez puntos, mientras las puertas están cerradas para recuperar un millón de trabajos perdidos por la pandemia y las oportunidades para crear nuevos puestos laborales no existen.

Honduras también está a la zaga en lo que respecta a la competitividad. Hemos descendido no menos de 29 puntos en esa categoría, mientras la inversión se ha desplomado en casi un 50 por ciento.

Nuestro país figura, asimismo, como el que posee uno de los salarios mínimos más altos del área centroamericana, con una suma que ronda los 400 dólares mensuales, por encima de Guatemala, donde los trabajadores reciben unos 345 dólares; El Salvador, con una remuneración piso de 300 dólares y Nicaragua, cuyos obreros reciben 200 dólares.

Nuestros empresarios deben realizar gastos colaterales para sostener las fuentes de ingresos, entre éstos vacaciones, décimo tercero y décimo cuarto mes de salario, preaviso, cesantía, seguridad social, bonos y cuenta de capitalización. Se trata de costos de seguridad social que, en nuestro país es de 71 por ciento; en cambio, en Guatemala es de 60 por ciento y en El Salvador gira en torno al 55 por ciento.

Con semejantes trabas, es muy difícil encaminar el fortalecimiento de nuestras grandes, pequeñas y medianas empresas para reactivar la economía.

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Si nos amparamos en la premisa de reputados teóricos de la economía del desarrollo que hace alusión a que “los buenos salarios se construyen, no se decretan”, tendríamos que deducir que no es oportuno un incremento salarial que esté fuera de nuestra nueva realidad.

Para mejorar los ingresos de los trabajadores en cualesquiera de las escalas y rubros, Honduras debería de aumentar su productividad. Si no es así, estaríamos frente a la destrucción del valor de los bienes generados y de la capacidad adquisitiva de la población.

Nos balanceamos en un mercado laboral de la informalidad que ha crecido hasta un 70 por ciento, un signo de la inequidad que se ha profundizado en razón de que un mínimo porcentaje de trabajadores son privilegiados porque devengan el salario mínimo y están incluidos en programas de seguridad social.

El resto, la inmensa mayoría que es una proporción de siete de cada diez personas insertadas en la actividad económica, son sujetos de la más cruda precariedad. Un aumento salarial inmoderado conduciría a la extensión de la economía irregular o informal.

En un año electoral como el presente, debemos estar vigilantes de que el tema del salario de subsistencia no sea aprovechado de mala fe por los líderes gremiales instrumentalizados o que, para mayores perjuicios, sea tomado como una herramienta por el partido en el poder para fines populistas, en menoscabo del desarrollo económico y social del país.

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