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Un grupo de exmagistrados del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) y exconsejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) expresó este martes su preocupación por lo que consideran ataques sistemáticos y una persecución política dirigida contra las actuales autoridades de los órganos electorales de Honduras.
El pronunciamiento, difundido mediante un comunicado conjunto, fue suscrito por los exfuncionarios Roberto Callejas, Augusto Aguilar, Jacobo Hernández, Kelvin Aguirre, Denis Gómez y Flavio Nájera, quienes coincidieron en que la independencia y estabilidad de las instituciones electorales están siendo amenazadas por la politización de la justicia y el uso indebido del aparato estatal.
“Ante los graves acontecimientos que enfrentan los órganos electorales del país, los suscritos manifestamos nuestra profunda preocupación por el ataque sistemático que sufren las actuales autoridades electorales”, señala el documento.
Advertencia sobre la politización de la justicia
Los exmagistrados y exconsejeros advirtieron que el país enfrenta una “alarmante tendencia de judicialización de lo electoral”, una práctica que calificaron como perjudicial para la democracia y que, a su juicio, busca intimidar y desacreditar a quienes actualmente ejercen funciones constitucionales dentro del sistema electoral.
Según el comunicado, se estaría utilizando el Ministerio Público y otras instituciones del Estado como instrumentos de presión política, lo que representa una amenaza directa al orden constitucional y al pluralismo democrático.
“La democracia hondureña exige la existencia de autoridades electorales independientes y libres de presiones políticas o judiciales, en contraposición a las recomendaciones de las misiones de observación electoral de la OEA y del NDI”, agrega el texto.
Los firmantes aseguraron que este tipo de acciones erosionan la confianza ciudadana y podrían conducir al país hacia escenarios de inestabilidad institucional similares a los vividos en otras naciones de la región donde se han debilitado los sistemas democráticos.
Defensa de la independencia electoral
Los exfuncionarios recalcaron que la independencia de los órganos electorales es un principio esencial para garantizar elecciones libres, transparentes y legítimas, por lo que rechazaron rotundamente cualquier intento de criminalizar decisiones administrativas o técnicas que correspondan a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones.
“Rechazamos toda forma de persecución, hostigamiento o presión política contra las autoridades del CNE y del TJE. Cualquier injerencia en el funcionamiento autónomo de los órganos electorales constitucionales por parte del Ministerio Público o demás instituciones del Estado es inaceptable”, señala el comunicado.
Los exmiembros del TSE y CNE recordaron que los órganos electorales hondureños —el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE)— son entidades constitucionalmente autónomas, creadas para garantizar la transparencia y la integridad de los procesos electorales, y que cualquier intromisión externa pone en riesgo la voluntad popular y el equilibrio institucional.
Llamado a la comunidad nacional e internacional
En la parte final del pronunciamiento, los exmagistrados hicieron un llamado a la sociedad hondureña, a los organismos nacionales e internacionales y a las Misiones de Observación Electoral de la Unión Europea y la OEA, para que vigilen y acompañen el proceso electoral de cara a los comicios generales del 30 de noviembre de 2025.
“Honduras ha avanzado en la construcción de un sistema electoral moderno e independiente. No permitamos retrocesos ni la instauración de prácticas que atenten contra la democracia, la separación de poderes y el Estado de derecho”, puntualiza el documento.
Asimismo, instaron a la comunidad democrática internacional a mantenerse atenta ante cualquier intento de interferencia o coacción contra los actuales consejeros del CNE y magistrados del TJE, enfatizando que la confianza ciudadana en las instituciones electorales es fundamental para sostener la paz y la gobernabilidad del país.
Finalmente, reafirmaron su solidaridad con las actuales autoridades electorales, en momentos en que enfrentan presiones políticas, ataques mediáticos y procesos judiciales que —según su criterio— buscan debilitar el papel institucional de los órganos que deben garantizar la imparcialidad y transparencia de las próximas elecciones.
